La contribución especial que el gobierno planea pedir a las empresas que facturen más de USD 10 millones al año y los cambios en el mecanismo de jubilación patronal no convencen al Comité Empresarial Ecuatoriano, pero los empresarios de la Costa están más optimistas.
El gremio ha hecho varias observaciones al proyecto de reformas que el gobierno planea enviar a la Asamblea en los próximos días, como parte de las medidas para reducir el déficit fiscal del país y estabilizar la economía.
Los empresarios se han enfocado en la contribución especial de 0,1%, calculada sobre los ingresos obtenidos en 2018, que se pedirá a lo largo de tres años a las empresas que facturen más de USD 10 millones anuales.
Un informe del Comité Empresarial Ecuatoriano al que accedió PRIMICIAS muestra que los empresarios creen que esta contribución solo debe cobrarse a las compañías que generan utilidades y excluir a las que tienen pérdidas.
Con esta medida el gobierno espera recaudar más de USD 300 millones y, según el presidente Lenín Moreno, el dinero se destinará para financiar seguridad, educación y salud.
El Comité Empresarial estima que los ingresos del Estado -en los tres años de contribución especial- ascenderían a unos USD 243 millones.
Según el gremio, hay 1.593 empresas que están en capacidad de pagar la contribución porque facturan más de USD 10 millones al año.
Sin embargo, entre ellas el 19%, es decir, unas 303 empresas tienen una utilidad negativa o declaran pérdidas y debieran ser excluidas.
Cambios en la jubilación
La propuesta de incrementar en un 2% el aporte patronal a cambio del pago de la jubilación patronal, para aliviar la carga de las empresas y para que los trabajadores puedan invertir ese porcentaje en fondos de pensiones, tampoco convence al Comité.
El gremio dice que hace falta un estudio técnico del costo de esta compensación y que debería aplicar solamente a los nuevos contratos que se firmen si la enmiendas son aprobadas en la Asamblea.
La propuesta del Ejecutivo consiste en la creación de un fondo acumulativo, que se financie con un aporte mensual del 2% por parte de los empleadores.
Ese valor podrá ser ahorrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o en fondos privados.
La jubilación patronal es una pensión vitalicia a la que actualmente tienen derecho los trabajadores que laboren durante 25 años consecutivos con un mismo empleador.
Esta jubilación es adicional a la que recibe el trabajador al jubilarse con el IESS.
Los empresarios del Comité tampoco encuentran atractiva la propuesta de gravar dividendos a no residentes porque se frenaría la ya escasa inversión extranjera en Ecuador.
El tributo a los dividendos a no residentes implica cobrar impuestos a las ganancias de empresas domiciliadas en Ecuador que reparten utilidades a accionistas que viven en el exterior.
El Ministro de Finanzas, Richard Martínez, explicó que por ese concepto, al Estado ingresarían unos USD 144 millones.
Otra medida que no gusta porque según el Comité afectaría a la industria plástica es el impuesto de USD 0,10 para las fundas plásticas. Por ese tributo, el ingreso para Ecuador alcanzaría unos USD 123 millones, según Finanzas.
Los empresarios también mostraron su preocupación por la decisión del Ejecutivo de promover la repatriación de capitales mediante el cobro de un impuesto alto a quienes mantengan su dinero en el exterior.
El ministro Martínez dice que, actualmente con las bases de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ecuador ya está en capacidad de rastrear los capitales que se guardan fuera del país.
Martínez estima que Ecuador podría percibir ingresos por USD 184 millones aplicando esta última medida.
Los que sí están de acuerdo
Roberto Estrada, socio de la consultora Deloitte, considera, en cambio que las propuestas del gobierno en cuanto al cambio a la jubilación patronal “se ajusta a la realidad económica actual y lo pesado que puede ser el costo de jubilación para una empresa”.
La idea es no atar la jubilación patronal a la continuidad en una misma empresa. Se pide al patrono un aporte del 2%, que el empleado puede disponer en un fondo público o privado.
“Es sin duda una innovación, que permitirá también llevar un mejor control del rendimiento y estatus de dicho fondo, por parte del empleado”, opina Estrada.
Una mirada similar tiene Pedro Cruz, experto en derecho laboral.
Para Cruz, la propuesta evita que se despida a los trabajadores antiguos y podría estimular el surgimiento de las administradoras de fondos de pensiones en el país.
Contratos ocasionales
Otro aspecto en discusión es la eliminación del recargo del 35% en los contratos ocasionales. Estrada lo califica de “primer paso” que debe ir acompañado de otros como estabilidad jurídica, simplificación de trámites y revisión de la carga tributaria.
Cruz dice que ese recargo fue uno de los errores del gobierno de Rafael Correa porque significó el desempleo para 150.000 personas.
Y criticó la eliminación de los contratos ocasionales, por lo que propone diseñar otro que se llame de reemplazo de personal por maternidad, paternidad y enfermedad catastrófica.
Sobre este punto, Édgar Sarango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, dice que existe un acuerdo ministerial de tiempo parcial que puede perfeccionarse, pero aclara que no debe haber precarización laboral.
La Confederación que preside Sarango forma parte del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la más grande central sindical del país.
Una vieja aspiración del FUT es la aprobación de un nuevo Código Integral Laboral, porque el actual data de los años 30.
Sarango espera recibir, cuanto antes, la propuesta del gobierno para analizarla.
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