El registro de una transferencia por USD 740.000, supuestamente destinados a financiar la fabricación de arsenal casero para las manifestaciones, y la organización de reuniones en la Prefectura para coordinar estos actos, fueron denunciados por la Fiscalía. Están involucrados la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y otras dos personas.
La información sería parte de un diálogo telefónico entre Christian González, colaborador de la prefecta Paola Pabón, y un interlocutor no identificado.
El teléfono es uno de los dispositivos que estaban a nombre de la funcionaria y que fueron intervenidos por la Policía, previa orden judicial. La Fiscalía General solicitó la intervención de los teléfonos entre el 7 y el 14 de octubre de 2019.
Durante la charla, González habría señalado que “varias personas del otro lado del charco” le enviaron un “regalo bien generoso por USD 740.000”.
Según las escuchas, los recursos tenían un destino específico: comprar tablas para que se cubran los manifestantes, para fabricar escudos y máscaras caseras, comprar colchones, alimentos y medicinas para los participantes en las protestas.
Sobre Paola Pabón y Christian González pesa una orden de prisión preventiva. Pablo del Hierro obtuvo medidas sustitutivas.
En la misma conversación, González habría señalado que podía conseguir 15 personas para fabricar las máscaras y que solo era necesario encontrar un lugar para elaborarlas.
El colaborador de la prefecta también habría dicho que estaba por reunirse con alguien identificado como “Leonidas y con los tres compañeros que están viniendo del Oriente, que son las personas que están dando la cara”.
Además de los celulares de Pabón, la Policía también intervino los teléfonos de Virgilio Hernández, Gabriela Rivadeneira, su esposo Luis Flores Ruales, y otros dirigentes del correísmo.
Esto salió a relucir durante la audiencia de formulación de cargos realizada el 14 de octubre de 2019, en la Corte Provincial de Pichincha.
Ese día, el fiscal provincial, Alberto Santillán, planteó el inicio de una instrucción fiscal contra la prefecta, Christian González y Pablo del Hierro, este último colaborador de Virgilio Hernández.
"Todos los barrios deben salir al paro"
El juez, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva de 90 días para Pabón y González, mientras del Hierro obtuvo medidas sustitutivas.
Según la información extraída del mismo teléfono, en otra charla, la prefecta habría manifestado que "todos los barrios deben salir al paro" y que "se debe pedir la destitución del presidente por grave crisis política y económica".
También reclamaría a su interlocutor porque ya habían transcurrido 10 días de movilizaciones, "existen muertos y heridos" y que por esa razón debía pedirse la destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo.
Hernández y Pabón: "No dé papaya"
En otro diálogo, Hernández y Pabón, habrían acordado reunirse en la Prefectura de Pichincha. Él habría recomendado que "tenga cuidado, no dé papaya y no se exponga".
Según el fiscal, la Policía registró 36 conversaciones entre Hernández y Pabón, durante el tiempo que duró el seguimiento.
En otra charla, desde uno de los teléfonos de Pabón, el asesor de Hernández, Pablo del Hierro, habló sobre el financiamiento de algunas acciones.
Aparentemente, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira (actualmente refugiada junto con su esposo en la Embajada de México) no emitió comentarios comprometedores a través de las líneas intervenidas.
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