Qué bajo hemos caído, comenta la gente, al observar el bochornoso espectáculo y el daño a la justicia que le han infligido los funcionarios llamados a vigilar su buen funcionamiento y dar ejemplo de recto proceder.
Como en un juego de villanos, han exhibido una conducta inadmisible, fruto de la cual mantienen al Consejo de la Judicatura (CJ) con un presidente "temporal" y a la institución sin cumplir a cabalidad su delicadísima tarea.
El espectáculo ha causado decepción y repudio.
El 2 de febrero se cumple un año de la renuncia de María del Carmen Maldonado, como presidenta del Consejo de la Judicatura. Pero envuelto en sus propios intereses, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha sido incapaz de designar al vocal que deberá asumir la Presidencia del órgano de control administrativo de la justicia.
El doctor Fausto Murillo, que se encuentra al frente de la Judicatura, no cumple el requisito esencial para presidir el organismo, pues debe ser para alguien proveniente de la terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), y él no lo es.
El suplente de Maldonado era Álvaro Román, pero tampoco le correspondía reemplazarla porque había sido designado para completar la terna, ya que los otros dos vocales de la Corte Nacional habían sido descalificados por el CPCCS en el concurso.
Para intentar asumir la Presidencia de la Judicatura, Román planteó una acción extraordinaria de protección que la Corte Constitucional (CC) le aceptó, de manera parcial, en septiembre pasado, disponiendo que asumiera una vocalía como suplente; no puede ser presidente.
El texto de la sentencia de la CC declara también que el CPCCS debe realizar la designación del nuevo titular de la Judicatura. Pero no la ha acatado.
La historia de las cuatro ternas enviadas por la Corte de Justicia al Consejo de Participación, que no han tenido buen fin, muestra los entresijos de una institución atrapada en un laberinto de intereses, desde cuándo dijo que la primera terna le fue remitida de "manera prematura", porque aún no tenían el reglamento del proceso.
En paralelo, mientras desechaban las ternas, una descarnada lucha intestina por presidir el CPCCS, alcanzaba cotas inimaginables.
Para sostenerse en el poder, los vocales de los dos bandos del Consejo de Participación echaron mano de medidas cautelares, y a su turno ocuparon la silla presidencial, mientras que el Gobierno tomaba partido.
El golpe de mano, con libreto de república bananera, que incluyó policías rodeando el edificio, para poner en la Presidencia a Hernán Ulloa, cercano a Carondelet, nunca será olvidado.
Con Ulloa a la cabeza, una de las ternas fue descalificada, arguyendo no haber entregado documentación completa; pero en la opinión pública se comentaba que los integrantes eran cercanos al correísmo.
In extremis, los jueces de la Corte Nacional llegaron a exigir a su presidente enviar una nueva terna -la cuarta- pero consensuada por el Pleno. Y así se hizo.
Tampoco funcionó.
Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Rivadeneira y Francisco Bravo, consejeros de mayoría, no se pusieron de acuerdo para designar a uno de los jueces (Wilman Terán, Mercedes Caicedo o Luis Rivera), para que ocupe la vocalía y, como tal, presida la Judicatura.
La presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha dijo que esa actitud era "una vergüenza".
Qué intereses siniestros llevan a los consejeros a arriesgarse a ser destituidos por la Corte Constitucional, por desacatar sus decisiones. ¿O acaso están conscientes de que reemplazar a los cuatro, es imposible?
Como si de un culebrón se tratara, cinco de los siete consejeros del CPCCS están con licencia porque buscan su reelección en los comicios de 5 de febrero próximo, y solo hay tres suplentes legalmente posesionados.
El caos está garantizado.
Por eso, no faltan quienes crean que los consejeros solo han buscado ganar tiempo hasta las elecciones de febrero, cuando se elegirán a sus nuevos integrantes y, en el referendo, se le quitará al Consejo la potestad de designar a las autoridades de control.
Así, el titular temporal de la Judicatura tiene para largo.
Mientras tanto, en las unidades judiciales del país hay descuido y negligencia; falta hasta papel para imprimir los procesos y la entrega de expedientes a los abogados tarda semanas.
Por falta de mantenimiento, dos torres del Complejo Judicial de Guayaquil sufrieron serios daños en las tuberías, techos y hasta los equipos se afectaron.
Es tierra de nadie.
Hace poco, el titular de la Judicatura se lamentaba de no tener USD 210.000 para la seguridad de 200 unidades judiciales. Pero, hoy se sabe que el Consejo de la Judicatura habría apartado más de USD 300.000 para pasajes aéreos dentro y fuera del país para los funcionarios y los jueces.
Lo que ha pasado con las ternas enviadas por la Corte Nacional al CPCCS, para que escoja al presidente del Consejo de la Judicatura, es una metáfora de la conducta de sus máximas autoridades que, con repudiable indolencia, arrastran la justicia por las calles de la amargura. ¡Como para llorar!
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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