Asobanca se pronuncia luego de requerimientos de información de la Super de Bancos y la UAFE por el Caso Encuentro
La Asociación de Bancos Privados de Ecuador recalca que el sistema financiero nacional opera bajo estrictos estándares de transparencia y que las medidas de las autoridades son parte habitual de procesos de control.

Matriz de la Superintendencia de Bancos, en Quito, foto del 30 de marzo de 2026.
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Superintendencia de Bancos
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La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) señaló que los requerimientos de las autoridades estatales "son atendidos de manera oportuna y responsable por las entidades" del sistema financiero, un día después de que la Superintendencia de Bancos informó que junto a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) activó acciones de control a personas naturales procesadas por el denominado Caso Encuentro.
En un comunicado emitido en la noche del 6 de mayo de 2026, Asobanca indicó que "es importante señalar que los requerimientos de información por parte de las autoridades competentes forman parte habitual de los procesos de control y supervisión del sistema financiero, y son atendidos de manera oportuna y responsable por las entidades".
La asociación de bancos privados nacionales también reiteró que "las instituciones del sistema financiero operan bajo estrictos estándares de cumplimiento, supervisión y transparencia, en apego a la normativa vigente y al marco legal del país".
La entidad consideró que es prioritario que los procesos iniciados por los organismos del Estado resguarden la rigurosidad técnica, así como la confidencialidad y el debido proceso.
El 5 de mayo de 2026, la Superintendencia había notificado que remitió, en coordinación con la UAFE, un requerimiento formal de información, "sin que esta solicitud implique determinación de responsabilidad alguna", sobre "procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales identificadas en análisis de inteligencia financiera vinculados al denominado Caso Encuentro".
En este caso, la Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares que pretendían obtener beneficios económicos indebidos, apalancados en su posición cercana con la política para interferir en instituciones públicas.
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