La central termoeléctrica de la empresa Austral se levantó en Esmeraldas sin permisos ambientales ni de construcción

Austral Technical Management levanta una central termoeléctrica de 91 megavatios en Esmeraldas sin contar con los permisos ambientales ni de construcción, a pesar de estar ubicada en una zona urbana e industrial.

Así lo advierte la Contraloría General del Estado en su informe de auditoría DNA4-0027-2025 (descargue aquí el informe) del 14 de julio de 2025. 

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El contrato fue adjudicado por el holding estatal Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), a través de su Unidad de Negocio Electroguayas, el 9 de agosto de 2024 por un valor de USD 89 millones, sin IVA, a Austral.

La adjudicación se dio por emergencia ante la crisis de cortes de luz de hasta 14 horas al día que vivía el país.

Pese a que tenía que entrar en operación en enero de 2025, la central aún no entrega electricidad al sistema nacional.  

La empresa ha argumentado causas de fuerza mayor, como la Guerra en Medio Oriente y el sismo de Esmeraldas ocurrido el 25 de abril de 2025, como factores que han retrasado la puesta en marcha de la central.

Además, Austral ha dicho que unos 30 megavatios, correspondientes a la primera isla de la central eléctrica, están en fase de pruebas de sincronización.

Sin permisos de construcción

La central se ubica en los terrenos de Petrocomercial, en el sector La Propicia, contiguo a la subestación de Transelectric.

Sin embargo, la Contraloría observó que la construcción de la planta se ejecutó sin contar con el permiso de construcción. Tampoco se evidenció la obtención de la documentación necesaria para la regularización de esos permisos como: escrituras públicas, certificados actualizados del Registro de la Propiedad del cantón, certificados de Avalúo Municipal, entre otros. 

Pese a eso, el administrador del contrato mediante correo electrónico de 9 de septiembre de 2024, notificó a la contratista el inicio del plazo contractual de 140 días para la ejecución de la obra, apunta el informe.

Sin licencia ambiental

Además, la construcción de la planta se ejecutó sin contar con la licencia ambiental del Ministerio del Ambiente (MAATE), advierte la auditoría.

Este era un requisito obligatorio debido a que la planta tiene una capacidad de 91 megavatios, considerada de "alto impacto ambiental", según los auditores de Contraloría.

Además, la ausencia de permisos ambientales impide verificar si el proyecto cumple con estándares mínimos de manejo de residuos, emisiones o mitigación de impactos.

Este hallazgo se suma a otros cuestionamientos sobre el mismo contrato. En una nota previa publicada por Primicias, se reveló que CELEC pagó más de USD 53 millones de los USD 89 millones previstos como costo total, pese a que los equipos no habían llegado al país. 

Además, el pago se hizo pese a que la inspección técnica de los generadores se hizo únicamente por videollamada y fotografías. Además, la empresa contratista no presentó certificados de garantía del fabricante ni realizó pruebas FAT (Factory Acceptance Test).

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Las pruebas FAT son ensayos técnicos que se realizan antes de enviar un equipo o sistema al sitio de instalación, para verificar que cumpla con todas las especificaciones acordadas en el contrato, pero que en este caso no se hicieron. 

La Contraloría concluye que las omisiones identificadas en el proceso de auditoría comprometen el cumplimiento de la normativa vigente y ponen en entredicho la idoneidad de la central eléctrica contratada para superar el déficit de electricidad que tiene el país. 

Austral aún no ha emitido un pronunciamiento sobre los hallazgos del informe de la Contraloría General del Estado. 

Indicios penales y renuncia de funcionarios

La ministra de Energía, Inés Manzano, aseguró, en una publicación en redes sociales, el 16 de julio, que los informes de las auditorías realizadas por la Contraloría a los procesos señalan indicios de responsabilidad penal de varios funcionarios. 

"Hoy esos funcionarios no nos acompañan más", aseguró Manzano en sus redes sociales, sin mencionar más detalles.

En una entrevista con el canal TC Televisión, la ministra también se refirió al tema. "Hay un principio básico, que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario" y los funcionarios implicados tienen varios recursos para defenderse, aseguró.

Añadió que hay dos funcionarios que han presentado la renuncia a sus cargos. "Estamos hablando de altos cargos", indicó la ministra, pero reiteró que prefiere aún no dar nombres, hasta que la justicia determine si hay responsabilidades penales. "El único que pone responsabilidad va a ser un juez", dijo