Proyecto minero Loma Larga ya cuenta con consulta previa y proyecta iniciar construcción de la mina a finales de 2025

El Estado ecuatoriano llevó a cabo la primera consulta previa, libre e informada en Ecuador, para el desarrollo del proyecto minero Loma Larga, en la provincia del Azuay, confirmó la Cámara de Minería del Ecuador (CME) este 19 de mayo de 2025, en una rueda de prensa en Quito.

La comunidad consultada fue Escaleras, en la provincia del Azuay, que votó a favor de que el proyecto pase a la etapa de construcción, para lo cual se requiere contar previamente con la licencia ambiental del Ministerio del Ambiente. 

"Es un hito histórico. Por primera vez se ha llevado en el país una consulta previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual Ecuador es suscriptor", recordó María Eulalia Silva, presidenta de la (CME). 

Silva añadió que con esto se dio cumplimiento a una sentencia de la Corte Provincial del Azuay que pedía hacer la consulta, pese que la comunidad no se encontraba en el área de influencia del proyecto. 

La consulta previa, libre e informada es un mecanismo de participación ciudadana que se aplica en proyectos extractivos situados en territorios donde habitan comunidades o nacionalidades indígenas con ancestralidad reconocida. 

• Minera Dundee ampliará inversiones si gana fallo en Loma Larga

El proyecto Loma Larga está a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, que lo adquirió en 2021 a la también canadiense INV Metals. Sus reservas se estiman en 926.000 onzas de oro, también habría plata y cobre. En la construcción de la mina, la firma prevé invertir USD 419 millones.

La Cámara de Minería estima que la mina podría entrar a construcción a finales de 2025, una vez que obtenga la licencia ambiental del Ministerio del Ambiente. Durante la fase de construcción, este proyecto generará cerca de 1.500 plazas de trabajo. 

Medidas de reparación 

El abogado constitucionalista Emilio Suárez recordó que en 2022, grupos antimineros presentaron una acción de protección en contra del proyecto Loma Larga. Luego de un extenso litigio, en agosto de 2023, la Corte Provincial del Azuay aceptó parcialmente el recurso. 

Los grupos antimineros pedían que se deje sin efecto las concesiones de este proyecto. La Corte Provincial "garantizó las concesiones" y ordenó cuatro medidas de reparación, con intervención de la Defensoría del Pueblo: 

• La presentación por parte del Ministerio del Ambiente de un informe completo sobre el estado actual del área de Quimsacocha, con descripción de la biodiversidad, valor científico y ecosistema. 
• La presentación de un informe del Ministerio del Ambiente sobre la sustentabilidad del ecosistema y cómo se está garantizando el uso y aprovechamiento del agua. Para el cumplimiento de esta medida se debía contar con Etapa, empresa que garantiza el derecho al agua en Cuenca. 
• Realización de una consulta previa, libre e informada  por parte del Estado ecuatoriano en la comunidad Escaleras, parroquias Portete y Tarqui, del cantón Cuenca, en Azuay. 
• Realización de la consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución, en la zona de influencia del proyecto, antes de la emisión de la licencia ambiental para la siguiente fase. 

La semana anterior, el Ministerio de Energía informó al juez y a la Defensoría del Pueblo que se cumplió con la última medida de reparación que estaba pendiente, que era la consulta previa, iniciada en junio de 2024. Suárez aseguró que la consulta contó con el acompañamiento de la OIT. 

Informes contradictorios

La Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Cuenca, Etapa, emitió de manera independiente en agosto de 2024 un informe en el que concluye que el proyecto Loma Larga es inviable, debido a que los ríos Irquis, Portete, Tarqui y Yanuncay, que nacen en los páramos de Quimsacocha, proveen a los sistemas de abastecimiento de agua potable de Cuenca y existiría un alto riesgo de que fuesen contaminadas en la fase de explotación. 

Suárez señaló este 19 de mayo que Etapa se adelantó a emitir un informe, de manera unilateral, del cual según el propio Ministerio del Ambiente "se desconoce de dónde obtuvieron los datos". El abogado constitucionalista subrayó que, según el informe que luego emitió el Ministerio del Ambiente, "apenas habrá un impacto del 0,1% en el río Tarqui durante la etapa de construcción". Y aseguró que no habrá ningún tipo de impacto para otros ríos que pasan por la ciudad.