Según el SRI, todavía existen activos en el exterior valorados en USD 3.000 millones que no han sido regularizados y sobre los que sus titulares no pagan impuestos.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 92 millones por el Impuesto Temporal para la Regularización de Activos en el Exterior en 2022.
Personas y empresas declararon activos en el extranjero valorados en USD 2.000 millones, explicó el director del SRI, Francisco Briones.
Sin embargo, aún existen activos fuera del país por unos USD 3.000 millones que no han sido regularizados, dijo Briones en entrevista con Ecuavisa.
Este tributo debían pagarlo los residentes fiscales en Ecuador, en 2022, como un incentivo para regularizar sus activos fuera del país.
Quienes no declararon los activos ahora tendrán que pagar Impuesto a la Renta sobre ese patrimonio, más multas e intereses.
La mayoría de personas y de empresas pagó el tributo en diciembre, cuando la tarifa era de 5,5%.
Entre los activos hay departamentos, casas, vehículos, dinero en cuentas bancarias, acciones de compañías e inversiones.
Quienes no declaren corren el riesgo de que Fiscalía inicie investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y defraudación tributaria.
Más Impuesto a la Renta
Con la regularización de los activos en el exterior, los ingresos de los contribuyentes se transparentaron y, por tanto, la recaudación del Impuesto a la Renta subirá en 2023.
El incremento que espera el SRI es de cerca de USD 35 millones, dice Ricardo Flores, el subdirector general de la entidad.
Controles estrictos
Quienes no regularizaron sus activos en el exterior tendrán que pagar más que aquellos que declararon sus bienes.
Además, el SRI puede presumir que el contribuyente tuvo un incremento patrimonial no justificado, explica Javier Bustos, profesor de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.
En estos casos, el SRI cobrará una tarifa máxima del 37% por Impuesto a la Renta sobre los activos en el exterior no declarados, para las empresas esa tarifa es de 25%.
El SRI ya tiene información de cuentas y activos de contribuyentes en 140 países, que servirá para cruzar datos y recaudar más en 2023, añade Flores.
A esto se suma el cobro de intereses por los años en que los contribuyentes no pagaron el Impuesto a la Renta sobre esos activos, además de las multas.
Pero lo más grave es que las personas corren el riesgo de que la Fiscalía inicie procesos de investigación por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y defraudación tributaria.
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