Los arreglos para diferir el pago de alquileres, para reducir las pensiones escolares, para no recortar empleos, negociaciones para pagar a proveedores serán la rutina en los próximos meses en que los analistas vaticinan una falta generalizada de liquidez.
El proyecto de ley de Emergencia Humanitaria que será enviado por el Gobierno a la Asamblea incluye un régimen de acuerdo entre las partes, que pasa por las negociaciones entre empresas y trabajadores, arrendatarios e inquilinos y deudores e instituciones para extender los plazos de pagos de deudas.
Lo anunció el ministro de Finanzas, Richard Martínez, como parte del paquete de medidas para paliar la crisis sanitaria y económica derivadas del coronavirus.
Las empresas que se acojan al régimen de acuerdo entre las partes para evitar el despido de trabajadores, recibirán apoyo crediticio del Estado, pero no podrán repartir dividendos mientras dure el periodo de recuperación.
“El acuerdo entre las partes será generalizado y medular”, dice el ministro Martínez.
Dos de los principales economistas de Ecuador, el exdirector para América Latina del Banco Mundial, Augusto De La Torre, y el director de Análisis Semanal, Walter Spurrier, coinciden en que estos acuerdos serán necesarios para salir de la crisis.
Pero hace falta “flexibilidad para que las empresas se pongan de acuerdo con sus proveedores y con sus empleados en alternativas para atender esta falta de liquidez durante la cuarentena”, advierte Spurrier.
Mientras que en otros países, como Alemania, Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú, hay fondos para apoyar a las empresas para que no se desplomen y no se pierdan empleos, en Ecuador vivimos en el país de los cinco NO, agrega De La Torre:
- No tenemos espacio fiscal.
- No tenemos ahorros.
- No tenemos reservas internacionales.
- No tenemos acceso a los mercados de capital.
- No podemos expandir el crédito si no traemos los dólares de afuera porque estamos dolarizados y no podemos imprimir billetes y hay que traerlos.
Después de la cuarentena, que ha paralizado al aparato productivo, y de la cual ningún país sabe como salir aún, Ecuador tendrá que hacer reflotar su economía.
La única manera de hacerlo “es olvidarnos del marco jurídico vigente, suspenderlo durante seis meses, vamos a tener que reconocer que la realidad superó a la legalidad”, dice De La Torre.
Sería una transición en el que los acuerdos entre privados prácticamente serán la Ley.
“Tendremos que pasar a un periodo en el cual el acuerdo entre las partes serán ley, esto para salvar puestos de trabajo, los medios de vida y las empresas”, agrega De La Torre.
“Todo el mundo va a tener que ceder para salvar al aparato productivo. Esta es la fase más desafiante”, dice De La Torre.
El paquete humanitario
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno también se establece una serie de contribuciones por parte de las empresas con utilidades superiores a USD 1 millón y de las personas que ganan más de USD 500, a lo largo de varios meses, para crear un fondo solidario que le permita al Estado hacer frente a la actual crisis sanitaria y económica.
Sobre el fondo, creado con aportes del del sector privado, Spurrier opina que es contraproducente porque ahuyentará la iniciativa privada de donar a los más necesitados, que ya estaba en marcha.
Los aportes sobrecargan a las empresas en momentos en que estas afrontan una crisis de liquidez. “Me parece que hay un error en la propuesta del Gobierno de crear este fondo, es un primer paso equivocado”.
Spurrier dice que también es equivocada la propuesta de crear un impuesto en función de las utilidades de las empresas, tomando como base el año 2018, para sostener el fondo solidario, “sin tener en cuenta que las empresas han sido doblemente afectadas por la cuarentena” derivada de la crisis del Covid-19.
No solo “deben pagar los salarios de sus trabajadores, sin tener producción o sin poder cobrar lo que producen sino que también tienen que pagar los impuestos y los aportes al seguro social y distribuir el 15% de utilidades para los trabajadores”, agrega.
El Estado ecuatoriano no está tan quebrado como parece, dice Spurrier, pues “tiene fuertes ingresos pero están mal dirigidos” hacia el mantenimiento de una “enorme burocracia”.
Ya es hora de que, dice el analista, “el Gobierno comience a reestructurar sus gastos y a dirigirlos a salud, educación y seguridad y que deje de desperdiciar el dinero”.
A diferencia de otros países, añade Spurrier, en Ecuador no hay apoyo público para salir de la crisis de liquidez, “al contrario, se está pidiendo que las empresas entren a resolver el problema de liquidez del Estado”.
Por su parte De La Torre dice que siente “desencanto con el incompleto anuncio del Presidente (Lenín Moreno). Es sólo una parte de un conjunto de acciones que se necesitan”.
“A mí tampoco me gusta que el impuesto solidario se haya ido contra las empresas, hubiera sido mejor que esta contribución solidaria se quedara a nivel de las personas, ahora hay que asegurarse de que existan las excepciones apropiadas para que las empresas que no tienen flujo de caja no lo paguen”, añade De La Torre.
Y agrega que tiene “la impresión de que los ecuatorianos, a ningún nivel, ni en la Asamblea ni en el Gobierno ni en el sector empresarial ni en los sindicatos, han comprendido la gravedad de la crisis”.
De la Torre advierte que “esta crisis es brutal: se nos han caído todos los ingresos externos. Cualquier exportación que nombremos, ya sea de petróleo, de flores, de camarón, de servicios como el turismo, ha tenido un colapso vertical”.
Y pronostica una caída de los ingresos fiscales por la menor recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por una posterior caída los ingresos por recaudación del Impuesto a la Renta.
La mayor crisis de los últimos 100 años nos encuentra en el peor estado de debilidad imaginable.
Augusto De La Torre
“El sector fiscal se empobreció dramáticamente y no puede conseguir ciertos desembolsos que pensaba que iba a lograr antes de que apareciera la pandemia de Covid-19”, explica De La Torre.
De La Torre estima que la caída es del orden de los USD 7.000 millones por el lado de la baja de los ingresos externos y de los ingresos fiscales que el país esperaba obtener antes de la pandemia.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dice que este año Ecuador espera una baja de USD 2.800 millones en ingresos petroleros y una caída de USD 1.800 millones en ingresos tributarios.
A esto se suma una caída en las ventas de las empresas. “En el más optimista de los escenarios las ventas internas de las empresas están cayendo en un 50% a 60%, entonces el flujo de caja del sector privado se está secando también”, dice De La Torre.
Y que el Gobierno actúe
Y el Estado tiene la responsabilidad de generar incentivos para que los acuerdos se den “y asegurarse de que no haya abusos y de que sean transparentes y de que los más débiles reciban un poco de ayuda”, agrega De La Torre.
Pero el Gobierno no puede quedarse sin hacer su parte, empezando por “una profunda reforma laboral y una reforma a las finanzas públicas, para que el dinero público se use de la mejor manera posible, además de una reforma a la legislación bancaria y monetaria”, dice Walter Spurrier.
“La actual ley laboral pone un costo enorme sobre la producción le impide a la economía la flexibilidad necesaria para recomponerse”, añade De La Torre.
Además, Ecuador tiene “el impuesto a la renta corporativa más alto del mundo, en promedio en los demás países el impuesto es de 20% pero en Ecuador es de 37% porque se le paga 25% al Estado y 15% a los trabajadores por utilidades, independientemente de si los trabajadores son productivos o no”, dice De La Torre.
Faltan también las reformas en el mercado de valores “para que el ahorro privado pueda llegar a las empresas”, asegura Spurrier.
El Gobierno “tiene que enviar las reformas, gestionar el apoyo por parte de la Asamblea para aprobarlas, recortar el gasto no productivo y solo así podrá presionar a la comunidad internacional y al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que nos den acceso a los fondos que necesita el país atender la crisis de liquidez”, asegura Spurrier.
En modo de supervivencia
Mientras que la respuesta desde la política pública tiene que desplegarse en tres fases, de acuerdo con De La Torre: la primera es la de emergencia, lo que él llama “la fase del aguante”, en la que tenemos que estar en cuarentena para limitar el contagio de Covid-19.
“Tenemos que ayudarnos unos a otros porque el Estado no puede sostenernos a todos. Hay que empezar por el lado humanitario y esto tiene que girar en torno a un fondo humanitario o como quieran llamarlo”, dice.
Después de la cuarentena viene la segunda fase, que es la salida. “Si salimos al régimen jurídico que vive la economía ecuatoriana actualmente, nos morimos”.
De esta cuarentena “vamos a salir con muy limitadas capacidades de pago a nivel del Estado, de las empresas y de los hogares”, vaticina De La Torre.
El tercer momento es el de las reformas, “hay que hacer las grandes reformas estructurales que están pendientes desde hace años y que no hemos tenido capacidad política para aprobar”, explica De La Torre y cita entre ellas la eliminación de los subsidios generalizados a combustibles como el diésel.
La polémica de la deuda
Walter Spurrier reconoce que uno de los aciertos del Gobierno, en medio de la polémica de quienes piden que se deje de pagar la deuda externa, es el hecho de haber abierto “el camino para reestructurar la deuda sin romper, como querían muchos, con la comunidad internacional lo que habría detenido el flujo de fondos hacia Ecuador”.
En este momento, dice Spurrier, “Ecuador ha pedido la suspensión del servicio de la deuda externa en bonos hasta agosto y, probablemente, se reestructuren todos los vencimientos y los pagos de intereses de Ecuador en los próximos años.
Según De La Torre, el diferimiento del servicio de la deuda externa (pago de intereses) por dos años, le permitiría a Ecuador liberar unos USD 1.400 al año.
De La Torre asegura que el Gobierno “está buscando recursos frescos en el exterior, se han identificado para este año más o menos USD 3.000 millones, de los cuales USD 2.000 millones son negociaciones con China, que ha aceptado cambiar los créditos atados a proyectos por líneas de libre disponibilidad para combatir la emergencia”.
Y el Gobierno consiguió que se adelantaran desembolsos del FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Banco Mundial por cerca de USD 800 millones. Un poco de oxígeno.
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