El festín del arroz en la UNA deja glosas y millonarias pérdidas

Los certificados de depósito a plazo fijo, endosados como garantía de pago por 12 empresas que le compraron arroz a la UNA, supuestamente fueron emitidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 21 de Noviembre, pero la cooperativa niega haberlos emitido.

Además, los certificados no tenían respaldo financiero, pero las garantías fueron aceptadas por UNA, sin que el Analista de Tesorería Senior de entonces revisara y validara la información presentada por los clientes.

Lo que ocasionó que la empresa pública entregara el arroz sin contar con un aval que protegiera los recursos del Estado.

La documentación de la etapa precontractual no estaba completa en los expedientes de 13 contratos de compraventa arroz, firmados por la UNA y al menos seis empresas privadas.

Entre los documentos faltantes se cuentan las copias de constitución de las empresas que compraron el arroz y los nombramientos de sus representantes legales, así como el certificado de existencia del producto, que debió haber sido emitido por la UNA.

Según la Contraloría, esto ocasionó que se autorizara la venta de arroz a compradores que no cumplían con los requisitos.

Los formularios de solicitud de ventas a plazo, aprobados por el Comité de Ventas Anticipadas a Plazo de la UNA, no estaban firmados por dicho Comité. Es decir, los actos administrativos no fueron debidamente legalizados.

Un exgerente de la UNA firmó 10 contratos de compra venta de arroz paddy, en los que estableció el precio del quintal a un valor inferior al precio oficial aprobado por la UNA. 

En consecuencia, la UNA dejó de percibir USD 822.555.

Los administradores de los contratos de la UNA autorizaron a los bodegueros de las plantas de almacenamiento el despacho de arroz paddy a los compradores, sin verificar que el producto fuera facturado y que estuvieran acreditados los pagos, de acuerdo con el cronograma establecido en los contratos.

El resultado es que la UNA no cobró los dividendos, conforme a la tabla de amortización establecida en cada uno de los contratos, ni tampoco los intereses. Con ello, la empresa estatal dejó de recaudar USD 3,3 millones.

Por otro lado, un ex gerente general subrogante de la UNA firmó cuatro contratos de compraventa de arroz en los que no incluyó el cobro de intereses por cada día de retraso en el pago de los dividendos, es decir, no sancionó el incumplimiento de pagos por parte de los clientes.

Los administradores de cinco contratos de compra venta de arroz paddy no impusieron las multas previstas para los compradores que incumplieron la condición de que debían exportar ese arroz. Así, la UNA dejó de recaudar USD 792.979. 

Según las cláusulas de estos contratos, el arroz debía ser destinado para exportación. Una de las justificaciones de las compradoras para no exportar el arroz fue que no tenía la calidad óptima (tenía más impurezas de lo pactado y daños por calor, alegan).

El entonces gerente general subrogante de la UNA firmó contratos con tres empresas, considerando la entrega del producto en los centros de acopio de las compradoras, sin incluir el costo del transporte desde los silos de almacenamiento de la UNA.

Por ello, la UNA asumió el valor del transporte, lo que ocasionó un perjuicio de USD 214.464.

Sin respaldo contractual, el jefe de planta de la UNA, en Babahoyo, dio 333 quintales de arroz adicionales a seis compradores, para compensar a los compradores por la entrega de arroz con un porcentaje de impurezas mayor al establecido en el contrato.

Esto no fue detectado por el administrador del contrato, por lo que no estableció el exceso de arroz entregado, valorado en USD 6.047.