El ABC para blindar al Banco Central del Ecuador del Ejecutivo

La reforma al Código Monetario y Financiero (Comyf) propone prohibir al Banco Central del Ecuador (BCE) proporcionar financiamiento directo o indirecto al Gobierno Central.

A la tercera fue la vencida. Luego que el Ejecutivo hiciera varios ajustes a si propuesta de reforma, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó, este lunes 29 de marzo, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización.

El documento tiene carácter de económico urgente. Es decir, la Asamblea tiene 30 días de plazo para completar su trámite. Si no lo hace, las reformas entrarán en vigencia automáticamente.

El CAL remitió el proyecto de ley a la Comisión de Régimen Económico, que se encargará del análisis del texto, que tiene 105 artículos, ocho disposiciones reformatorias, seis disposiciones transitorias y una disposición derogatoria.

El presidente Lenín Moreno, en sus redes sociales, festejó el inicio del trámite. “Aplaudo su decisión y anhelo la aprobación definitiva en la Asamblea. ¡Es compromiso de todos cuidar el futuro del Ecuador!”, escribió.

El objetivo principal del proyecto es devolver la independencia al Banco Central del Ecuador (BCE) frente al Poder Ejecutivo.

Conozca a continuación los principales cambios:

El Ejecutivo plantea la creación de dos juntas de Política y Regulación: una Monetaria y la otra Financiera. Cada una de ellas tendrá su propia estructura e independencia, sus integrantes serán propuestos por el Ejecutivo. Las dos juntas tendrán la facultad de tomar acciones -de manera técnica- sobre las presiones de la política fiscal. Originalmente, el proyecto planteaba la creación de un directorio para el Banco Central y una Junta de Política de Regulación Financiera.
El proyecto de ley plantea que la Asamblea tenga la facultad de remover a los integrantes de las juntas. Además, el Legislativo podrá verificar la idoneidad y el correcto ejercicio de las funciones de los integrantes de las dos juntas. En el proyecto original, los miembros podían ser removidos únicamente por el Ejecutivo.
Tanto el Banco Central como las dos juntas deberán someterse al escrutinio de terceros y entregar una rendición de cuentas de manera periódica.
La propuesta de ley plantea el regreso de los cuatro balances (o sistemas) del Banco Central, en los que se registrarán los depósitos, por ejemplo, de las entidades bancarias públicas y privadas y de todas las instituciones que forman parte del Sector Público no Financiero, como empresas públicas y gobiernos seccionales. Con la propuesta de ley, se busca asegurar que las reservas internacionales puedan respaldar los pasivos del Banco Central, especialmente los depósitos que realiza el sistema financiero.
La propuesta del Ejecutivo prohíbe que el BCE proporcione financiamiento directo o indirecto al Gobierno.
El proyecto de ley también establece que todas las operaciones del Banco Central serán auditadas, al menos una vez al año, por auditores independientes con experiencia internacional. Además, se faculta para que la Contraloría General del Estado examine el uso de los recursos públicos en el BCE.
Con el nuevo proyecto de ley se prohíbe que el Banco Central pague una tasa de interés (o remuneraciones) a los bancos privados por custodiar los depósitos por encaje bancario. Pero, sí podrá determinar la remuneración al sistema financiero nacional por excedentes de liquidez por concepto de reservas.
El Banco Central será la única entidad autorizada para proveer y gestionar moneda metálica, equivalente y convertible a dólares, con respaldo de las reservas. Y, en ningún caso, dice la propuesta de ley, el Estado podrá obligar a una persona natural o jurídica a recibir moneda distinta del dólar de Estados Unidos.
La propuesta de ley también mantiene la facultad al Banco Central de emitir valores a corto plazo denominados Títulos del Banco Central (TBC), que permitirá a las entidades financieras con problemas recuperar su liquidez.
La reforma plantea la obligación de las cooperativas de mantener encaje sobre los depósitos y captaciones en el Banco Central. El encaje es el porcentaje de depósitos que las entidades financieras están obligadas a poner en el Central como respaldo y son adicionales a las reservas que los bancos guardan individualmente.

La aprobación del proyecto de ley es parte de las metas estructurales del acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La aprobación de la ley para “defender la dolarización” le permitiría al país recibir USD 400 millones del FMI en mayo de 2021. Estos recursos son parte del programa de crédito de USD 6.500 millones que suscribió el país con el Fondo, en octubre de 2020 y que se extiende hasta 2022.

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