Apenas hay ocho fallos condenatorios por casos como Big Money desde 2017

La Fiscalía recibió denuncias o inició de oficio 756 investigaciones por el delito de captación ilegal de dinero entre 2017 y el 4 de abril de 2022, pero solo en ocho casos hubo sentencia condenatoria.

De esos ocho procesos, seis tienen fallos en firme, uno está en apelación y otro en fase de revisión.

Desde 2017, hubo más casos con resultados favorables que condenatorios para procesados por captación ilegal de recursos. En total, hubo siete sentencias de inocencia y ocho sobreseimientos.

A esos procesos se sumó el sobreseimiento a favor de Miguel Ángel Nazareno, alias 'Don Naza', la figura principal de la captadora Big Money, y dos personas más, dictado el 14 de abril.

Big Money operaba en Quevedo (Los Ríos), captaba dinero del público y prometía devolverlo a sus clientes con el 90% de interés en ocho días, pese a no estar autorizada a realizar actividades financieras.

El fallo, a cargo del Juez Carlos Bowen, de la Unidad Judicial de Los Ríos, ocurrió unas horas después de hallar sin vida a Nazareno, conocido como 'Don Naza'.

Según el informe de la Fiscalía, la decisión se dio a pesar de que su agente presentó más de 80 elementos de convicción o indicios como parte del proceso.

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El artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con cárcel de cinco a siete años a la persona que organice, desarrolle y promocione actividades para captar dinero de forma ilegal.

De los 756 casos, 418 se encuentra en investigación previa, que es una fase reservada y prejudicial; cinco en instrucción fiscal y en cuatro hubo llamamiento a juicio.

Por tener una pena mayor a cinco años, la investigación previa por captación ilegal de dinero no puede durar más de dos años. Eso explica que 265 procesos hayan sido archivados desde 2017.

Un círculo cerrado

Para captar recursos del público, los estafadores recurren a mecanismos cada vez más elaborados, con el objetivo de confundir a las víctimas.

La versión más sofisticada de estas estafas es aquella que funciona como un círculo cerrado, del que se puede ser parte solo por referencia de uno de los miembros de la red.

El contacto de los estafadores con las víctimas no es directo. Estas redes delictivas motivan a las propias víctimas a reclutar a familiares o amigos, con la promesa de recibir supuestas recompensas económicas adicionales.

Pero son los reclutadores quienes se encargan, al final, de enganchar a las víctimas. Para ello, organizan reuniones que, por lo general, se hacen en hoteles o locales de convenciones.

La entrada al evento, que reúne a unas 100 o 200 personas, cuesta de entre USD 2 hasta USD 20, según el caso.

Sebastián, un empleado público que prefiere no dar su apellido, depositó en agosto de 2021 USD 2.500 en dos plataformas que ofrecían inversiones en criptomonedas.

El joven accedió a entregar los recursos por recomendación de una compañera de trabajo, que le aseguró que se trataba de plataformas de inversión "serias" y que le pagarían 1% de interés diario.

Incluso promocionan que están registradas en la Superintendencia de Compañías y que pagaban impuestos.

Pero de los USD 2.500 transferidos a esas plataformas, solo recuperó USD 250. "Hay mucha gente promocionando estas inversiones en estas redes, pero no asumen ninguna responsabilidad por el dinero que se les entrega", dice Sebastián, con pesar.

Cenas de lujo

Para dar una pantalla de legalidad, algunas plataformas ofrecen maestrías en inversiones, acceso a plataformas para estudiar inglés e incluso tours de viajes.

Pero estos paquetes incluyen la apertura de una cuenta para invertir en monedas digitales, que es la ventana para captar los recursos de forma ilícita, según ha explicado la Superintendencia de Bancos.

Una demanda presentada por una de las perjudicadas de estas supuestas inversiones, Verónica Rueda, da más pistas del complejo mecanismo que utilizan los estafadores.

Según el proceso que reposa en el Tribunal de Garantías Penales, Rueda adquirió un paquete por USD 2.200 en una de esas empresas.

El supuesto programa de inversión incluía una maestría en inversiones y códigos para comprar una criptomoneda llamada One Coin. Incluso, ella refirió a dos amigos para que también inviertan en esta moneda digital.

Para convencer a las víctimas, los líderes de la organización organizaban costosas cenas en restaurantes de Quito.

El depósito del dinero se hacía por transferencia a una cuenta de un banco en Panamá. Pero Verónica lo entregó en efectivo a Ivonne O., que era parte de la red de captación, en un centro comercial. Le dijo que, de esa manera, podía activar la cuenta en criptomonedas de "manera más eficiente y rápida".

Los líderes de la plataforma le indicaron que con los One Coin podría hacer cualquier transacción comercial.

La empresa ofrecía devolver el dinero en vehículos de lujo o casas ubicadas en zonas de alta plusvalía en Quito, que incluso visitaban los 'inversionistas'. A cambio, pedían más dinero para "trámites" de transferencia de dominio, que nunca se concretaban.

En este caso, el perjuicio total fue de USD 10.000. Los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declararon culpable a Ivonne O. en febrero de 2021 y la sentenciaron a cinco años de cárcel, en primera instancia por el delito de captación ilegal.

Ivonne O. apeló la sentencia en segunda instancia, pero desde entonces el proceso no ha avanzado. 

¿Y el control?

Las Superintendencias de Bancos y la de Economía Popular y Solidaria debe ejercer control a las entidades financieras reguladas. Y, desde 2014, tras una reforma legal, también a instituciones no autorizadas.

El Decreto 394, firmado el 5 de abril de 2022 por el presidente Guillermo Lasso, ratifica que ambos organismos tienen la facultad de establecer que una persona o empresa realiza actividades financieras prohibidas, y de aplicar sanciones.

Según el decreto, las Superintendencias pueden realizar actividades de control, en coordinación con la Fiscalía, la Policía y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

La superintendenta de Bancos encargada, Rosa María Guerrero, explica que, para cumplir con esa tarea de control, los funcionarios incluso ponen en riesgo su integridad.

Guerrero dijo que la entidad ha presentado 68 denuncias en Fiscalía desde 2021 y ha generado más de 70 alertas para informar a la ciudadanía de los riesgos de estas supuestas inversiones.