El ministro de Telecomunicaciones, César Martin, confirmó que el Gobierno incluyó cláusulas de seguridad para ampliar las concesiones celulares con las operadoras, y esto implica desconectar las cárceles.
En las negociaciones para la renovación de concesiones con Claro y Movistar, el Estado ecuatoriano ha incluido cláusulas sobre temas de seguridad que las telefónicas deberían implementar para seguir operando en el país.
Por un lado, se dialoga con las empresas de telefonía celular para la instalación de inhibidores de señal móvil en las cárceles, desde donde se ha comprobado que operan y ejecutan acciones las bandas del crimen organizado.
Para garantizar parte de la seguridad ciudadana, controlar la comunicación de los reclusos con el exterior es un tema central.
Aunque el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, reconoció que "no es fácil desconectar una prisión sin desconectar a la población que vive alrededor".
Sin embargo, el ministro aseguró que "hay alternativas técnicas posibles, que exigen de inversión, pero se pueden implementar".
La otra cláusula de seguridad, que es parte de los diálogos, tiene que ver con el incremento de la cobertura celular en las carreteras y en zonas poco pobladas.
Según Martín, esto es algo más sencillo, técnicamente. Aunque reconoce que es costoso hacer llegar la señal a áreas del país que no disponen de cobertura de internet ni electricidad, dos servicios esenciales para luchar contra la inseguridad.
"Son zonas que pueden parecer poco atractivas a las compañías telefónicas porque no vive gente, pero por seguridad es importante que haya cobertura".
César Martín, ministro de Telecomunicaciones.
Avance de los diálogos
El ministro de Telecomunicaciones dijo que con estas exigencias a las operadoras de telefonía celular, en principio, "no tendría que haber problema" y añadió que "existe toda la voluntad de las operadoras para avanzar en ese sentido".
El contrato con las dos empresas que operan en Ecuador finalizó en 2023, pero las dificultades para renovar obligó al Gobierno a prorrogar hasta septiembre, fecha límite para llegar a un acuerdo.
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