La Corte Provincial de Pastaza resolvió el 5 de septiembre de 2019 la paralización del proyecto Hidroeléctrico Piatúa, en el límite provincial entre Napo y Pastaza. La obra debía aportar 172 GWh/año.
Saltarse los procedimientos constitucionales tiene sus consecuencias importantes. Tras la sentencia de la Corte Provincial de Pastaza, el pasado 5 de septiembre, la construcción del proyecto hidroeléctrico Piatúa deberá empezar desde cero.
La sentencia paralizó la ejecución de la obra que la realizaba desde 2018 la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco Genefran S.A. porque, dice el fallo, se vulneró los derechos del pueblo quichua del cantón Santa Clara, en Pastaza.
El proyecto hidroeléctrico en el Río Piatúa estaba previsto que concluya en 2022. Primicias
Los indígenas se oponen a la construcción de una represa. Según el abogado de las 20 comunidades quichua, Mario Melo, el proyecto consistía en la construcción de una hidroeléctrica.
Según el abogado, desde el inicio del proyecto hubo irregularidades y afectación a las comunidades.
La justicia de Pastaza dejó sin efecto la autorización para el uso y aprovechamiento del caudal del río Piatúa y revocó la licencia que otorgó el Ministerio del Ambiente en febrero de 2018.
Moradores del cantón Mera, en Pastaza, realizan actividades turísticas en el río Piatúa. Notiamazonia
Además, se detectaron las siguientes irregularidades:
- El estudio ambiental del proyecto se sustentó con estudios técnicos que se hicieron en el río Verde, ubicado entre las provincias de Tungurahua y Pastaza, en 2015 y no en el río Piatúa, en el límite entre Napo y Pastaza.
- Las especies y el pueblo quichua de Santa Clara, se afectarían porque el proyecto preveía tomar el 90% del agua del río Piatúa y luego trasladarlo por un canal artificial. Pasaba por las turbinas y el líquido era devuelto al río Jandiayacu y no al río Piatúa.
- No hay estudios técnicos que determinen si el cause del Jandiayacu pueda soportar el 90% de agua del río Piatúa.
La empresa Genefran S.A. debe cumplir de manera inmediata con las disposiciones judiciales si desea retomar el proyecto.
Entre las medidas de reparación que interpuso la Corte Provincial de Pastaza están que Genefran S.A. pida disculpas públicas a las comunidades afectadas.
Además, si la empresa quiere retomar el proyecto deberá hacerlo sin afectar a la naturaleza, con otra estructura y diseño, asegura el abogado Melo. Eso implica realizar nuevos estudios con información real y en la zona de influencia del proyecto.
Pero lo más difícil será la realización obligatoria de una consulta previa libre e informada a las comunidades involucradas. Algo que los pobladores rechazan con firmeza, incluso durante los dos últimos años hubo manifestaciones y denuncias entre las partes.
¿Cuánto perdería la empresa?
Poco se conoce de la Compañía de Generación Eléctrica San Francisco Genefran S.A., que por una sentencia podría perder una inversión de USD 56 millones, el monto destinado a la construcción de la represa desde 2018.
Según la Superintendencia de Compañías, la nómina de accionistas en 2018 era Élite Business Comercio y Servicios S.A. y Gustavo Rafael Villacreces, quien se desempeña como gerente técnico en Elit Energy.
La empresa, que fue creada en 2013, tenía una cuantía de USD 800. De ellos, Élite Business Comercio y Servicios S.A. tiene un valor de USD 760, mientras que Villacreces tiene un valor -en acciones- de USD 40.
Según la planificación de la empresa, la obra debía concluir en 2022, así lo reconocieron las autoridades de Genefran S.A. durante una rueda de prensa en Puyo, el 24 de abril de 2019.
En abril, el proyecto estaba en la fase de construcción, es decir estudios topográficos, la remoción de tierra y el mantenimiento de vías. En ese entonces ya tenían problemas con las comunidades, que aseguraban que el proyecto secaría el río Piatúa.
Fernando Carrillo, gerente comercial de Genefran S.A., dijo que el proyecto cumplía con todos los requisitos de ley. Es decir, con los permisos y licencias ambientales y de aprovechamiento del recurso hídrico por parte de los Ministerios del Ambiente y de Energía, así como de la Secretaría Nacional del Agua.
La compañía, fundada el 30 de mayo de 2013, publicó en 2016 el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental para el proyecto.
PRIMICIAS accedió a ese documento y allí se establece las partes que se construirán del proyecto:
- Obra de derivación y captación.
- Canal de conducción
- Tanque de regulador
- Tubería a presión
- Casa de máquinas
Además estaba previsto la construcción de obras complementarias como accesos y vías que permitirán la ejecución del proyecto y “representan un impulso al desarrollo de las comunidades de la zona”.
El asambleísta por Pastaza e integrante del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), Raúl Tello, ha seguido de cerca proyecto.
Explicó que Genefran S.A. se adjudicó la concesión de este proyecto durante el Gobierno de Rafael Correa.
La concesión implica que el inversionista construirá la hidroeléctrica y luego, el Estado le comprará la energía. Luego de un determinado tiempo, el proyecto se revertirá a manos del Estado.
En el estudio de impacto ambiental se indica que una vez culminada la concesión del proyecto, se deberán cumplir con las actividades de entrega y traspaso de las instalaciones y obras del proyecto.
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