En octubre de 2019, la petrolera estatal firmó un contrato “a dedo” con el Consorcio Insigne, por USD 36,29 millones. Ahora, emprende un nuevo proceso para la contratación de seguridad física para 10 bloques petroleros y los edificios de Quito.
Un nuevo informe de Contraloría vuelve a cuestionar a Petroecuador por la contratación del servicio de seguridad física para sus instalaciones. Según el órgano de control, la contratación por emergencia “a dedo” no estuvo bien justificada y no se debió hacer.
En octubre de 2019, PRIMICIAS reveló que Petroecuador se declaró en emergencia para contratar el servicio de “vigilancia, protección y seguridad física en las instalaciones de la EP Petroecuador”. El contrato por emergencia, por USD 36,29 millones y con un plazo de dos años, fue adjudicado al consorcio Insigne, integrado por las empresas Comseg y Consorcio Auctoritas.
Un proceso de contratación anterior para el mismo servicio fue declarado desierto, después de una denuncia en el Servicio de Contratación Pública en contra de Comseg por conflicto de intereses. Un exempleado de Comseg había entrado a trabajar en Petroecuador, y fue parte de la comisión técnica que recomendó la contratación.
Este contrato entre Petroecuador y Comseg fue señalado por el exasambleísta Washington Paredes como el presunto origen de los sobornos a Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador y sobrino del excontralor, Pablo Celi.
Una emergencia sin justificación
Este contrato fallido con Comseg fue la base para que Petroecuador haya declarado la emergencia. Pero, según el informe de la Contraloría, la resolución de emergencia “no estuvo sustentada en un análisis técnico que (la) respalde”.
Según la Ley del Servicio de Contratación Pública, las contrataciones por emergencia proceden cuando hay “acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales, y otros”. Sin embargo, no había sucedido nada de esto previo a la contratación del servicio de seguridad para Petroecuador.
Según los descargos presentados por las autoridades de la petrolera, la urgencia de la contratación derivó en la declaración de emergencia, pues el anterior proceso no prosperó y la anterior contratista (el consorcio Oro Negro) estaba prorrogada en el servicio. Pero, Contraloría no admitió este argumento.
La declaratoria de emergencia fue firmada por el entonces gerente de Petroecuador, Pablo Flores, ahora procesado dentro del caso Las Torres y con medidas alternativas (grillete).
Multas no cobradas
Según la Contraloría, dentro de este contrato los funcionarios de Petroecuador no tomaron las acciones para cobrar USD 469.835 al Consorcio Insigne por multas.
Estas sanciones respondían a dos omisiones de la contratista:
- La empresa Comseg no tuvo permiso de operación del Ministerio de Gobierno por 13 días dentro del contrato, con lo que debía generarse una multa de USD 19.619 que no se cobró.
- El Consorcio Insigne entregó linternas para los puestos de control que no cumplían con los requerimientos establecidos en la contratación, lo que generó una multa de USD 449.216 que tampoco se cobró.
Un nuevo contrato para seguridad física
Aunque el contrato con el consorcio Insigne está vigente, pues cubre hasta octubre de 2021, Petroecuador ya emprendió un nuevo proceso de contratación del servicio de seguridad en cuatro provincias.
El proceso comenzó el 8 de julio de 2021, según los documentos disponibles en Compras Públicas.
Este proceso tiene un presupuesto de USD 11,31 millones. El objeto no es cubrir todas las instalaciones de Petroecuador, sino solo los edificios de Quito (cuatro), y los bloques petroleros:
- 12 Edén Yuturi
- 12 Pañacocha
- 15 Indillana
- 18 Palo Azul
- 31 Apaika Nenke
- 43 ITT
- 44 Pucuna
- 7 Payamino
- 21 Yuralpa
- 55 Armadillo
Según la justificación, esta contratación busca “garantizar la protección y debida seguridad de las operaciones”. El contrato sería para dos años. Aún no hay ofertas presentadas.
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