Desde cortes de luz hasta crisis petrolera; estos son los "incendios" que debe apagar el nuevo Ministro

El nuevo Ministro de Energía recibe un sector eléctrico en crisis. La situación es tan vulnerable que la salida de operación de Coca Codo Sinclair ha generado cortes de luz nacionales, pese a que los embalses están prácticamente llenos. Y en agosto o septiembre de 2024 se prevé que comience otra vez la sequía, lo que podría implicar nuevamente cortes programados. El ministro de Energía saliente, Roberto Luque, no ha descartado que puedan darse cortes, pero que trabajan para evitar ese escenario. Precisamente, Antonio Gonçalves deberá continuar con el proceso para contratar una barcaza y motores por una potencia total 430 megavatios de potencia. Sin embargo, en su Plan Operativo Anual, el operador estatal de energía Cenace había anticipado que el país requeriría de unos 1.080 megavatios en lo que resta de 2024 y febrero de 2025, si no quiere depender de las importaciones de Colombia.  

Aunque la Refinería Esmeraldas, la más grande de Ecuador, tiene una capacidad para procesar 110.000 barriles diarios de petróleo, la capacidad de procesamiento viene cayendo. Y en abril de 2024, este complejo solo procesó 85.861 barriles. Es decir, operó al 85% de su real capacidad. La situación es tal en este complejo refinador que los mismos trabajadores tienen temor de que pueda ocurrir una explosión en la planta, según un reporte de Teleamazonas, que mostró imágenes en video del deterioro en el que se encuentran los tanques y otros sistemas dentro de las instalaciones este jueves, 27 de junio del 2024.

La producción nacional fue de 374.000 barriles diarios el 2 de julio de 2024, lo que representa una caída de más de 486.222 barriles, una disminución de 110.882 barriles respecto a lo extraído el 16 de junio de 2024, cuando se produjeron 485.533 barriles. Esa caída tiene que ver con la salida de operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), luego de que la erosión regresiva afectara a un tramo del ducto en la provincia amazónica de Napo. No hubo derrames, pero la suspensión obligó a apagar pozos petroleros, lo que incidió en una caída de la producción. El OCP anunció el 3 de julio de 2024 que reanudó operaciones del ducto, con lo que Petroecuador esperaba comenzar el encendido de pozos. Pero la producción petrolera ya venía disminuyendo desde inicios de año y caerá de manera importante cuando se cierre el campo petrolero ITT, que aporta con el 12% de la producción nacional (ver desafío número 4).

El Gobierno Central debe cumplir con el mandato de la mayoría de ecuatorianos que votó en unos comicios extraordinarios, realizados en agosto de 2023, por el cierre del campo petrolero ITT, el de mayor proyección de Ecuador. El ITT produce 55.000 barriles diarios de petróleo, lo que representa un 12% de la producción nacional. La petrolera estatal Petroecuador ha advertido que los costos para el Estado por dejar de extraer petróleo del campo, más los costos de desinstalación de la infraestructura petrolera e indemnizaciones a empresas y pobladores, sumarán USD 16.470 millones. La Corte Constitucional dio el plazo de un año para acatar el mandato popular que, en plaz0  calendario, se cumpliría en enero de 2025.

Otra tarea pendiente que asumirá el nuevo ministro de Energía es abrir el catastro minero, una oferta que hizo el presidente Daniel Noboa, en Canadá en marzo de 2024. El catastro, que oficialmente está cerrado desde 2018, es la base de datos para que los inversionistas pidan las concesiones, sin eso no se puede hacer exploración nueva y, por tanto, no se puede ampliar la frontera minera. Todo esto en medio de un escenario de alta conflictividad social. El más reciente se dio en marzo de 2024, en la parroquia de Palo Quedado, donde protestas de opositores al proyecto minero La Plata, a cargo de subsidiaria de la empresa canadiense Atico Mining, dejó policías heridos. Otras empresas, en cambio, están a la espera de la consulta previa, libre e informada, para lo que el Ministerio de Energía emitió un Manual, pero que ha sido observado por grupos sociales que ya presentaron una demanda ante la Corte Constitucional. La minería ilegal es otro frente para el Ministerio de Energía. Hay campamentos de minería ilegal en 17 de las 24 provincias de la Costa, Sierra y en la Amazonía de Ecuador, según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr).

Hay riesgos en tres frentes para Coca Codo Sinclair, los que podrían inutilizar para siempre a esta hidroeléctrica, la más grande del país. Uno de ellos, está ubicado aguas arriba y son los sedimentos que provocaron 19 paralizaciones de la central hasta el 20 de junio de 2024. El origen del problema podría hallarse en el desarenador de la hidroeléctrica, que se desborda y cuyo sistema de evacuación no estaría funcionando correctamente. El segundo problema tiene que ver con erosión regresiva del río Coca, que empezó en febrero de 2020 a unos 20 kilómetros de las obras de captación de la hidroeléctrica o bocatoma de la central. Ahora se encuentra ya a 6,4 kilómetros de esas obras que, de llegar a destruirse, inutilizarían la hidroeléctrica, pues constituyen una pequeña represa que permite desviar las aguas del río hacia la montaña. Para evitar esto, la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec) propone construir un dique permeable, pero la erosión ya sobrepasó la zona donde se iba a construir. Además, el Servicio de Contratación Pública (Sercop) advirtió con declarar desierto el concurso para construir ese dique, aunque el exministro de energía, Roberto Luque, dijo que haría lo posible, desde el punto legal y técnico, para evitar que eso ocurra y la obra pueda ser adjudicada. Además, el lodo y tierra que deja la erosión se ha ido acumulando aguas abajo, provocando una elevación del nivel del río en la zona de descarga de la hidroeléctrica, lo que podría provocar la inundación de la casa de máquinas en siete años. Y, un tercer riesgo con las fallas de construcción de los distribuidores de agua de la hidroeléctrica, los cuales demandan constantes reparaciones debido a miles de fisuras halladas, muchas de fábrica. Estos distribuidores tienen como función reducir la presión del agua, que cae de una altura de 600 metros, para que entre de manera controlada a las turbinas y se genere la electricidad. De ahí que la Contraloría advirtió que los miles de defectos hallados en los distribuidores ponen en riesgo la misma casa de máquinas de la hidroeléctrica, que por sí sola tuvo un costo de construcción de USD 1.011 millones.  

El OCP debía revertirse a favor del Estado en enero de 2024, sin ningún costo, debido a que se cumplió el plazo de la concesión. Pero el Gobierno decidió prorrogar el contrato hasta el 31 de julio de 2024, a fin de hallar un acuerdo para su ampliación. El OCP transporta el petróleo ecuatoriano por un trayecto de 485 kilómetros, desde los campos petroleros en el norte de la Amazonía hasta el terminal marítimo de Balao, en la provincia costera de Esmeraldas, desde donde se exporta. Con 200.000 barriles diarios de petróleo transportados en abril de 2024, el OCP movilizó el 40% del petróleo extraído en Ecuador, aunque la capacidad total del ducto es de 450.000 barriles diarios. Si se amplía el contrato, el OCP ha ofrecido al Gobierno invertir para hacer una variante definitiva del ducto frente al riesgo de la erosión regresiva del río Coca.