El Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) resolvió declarar a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad del Estado.
El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, en una rueda de prensa ofrecida en Carondelet, tras una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).
Según Ordóñez, la decisión se tomó en la sesión del martes 24 de enero, tras identificar que la minería ilegal tiene vínculos directos con otros delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas.
El funcionario agregó que este tipo de minería también deja "daños ambientales y precariza el trabajo en las zonas donde hay esta actividad".
Se refirió, sobre todo, a provincias como Morona Santiago, Zamora Chinchipe, El Oro, Esmeraldas, Loja, Sucumbíos y Azuay.
Ordóñez agregó que para enfrentarla se ha aprobado una estrategia general definida por el Cosepe. Además, se resolvió respaldar a las concesiones mineras legales para que puedan ejercer sus actividades.
Esto significa, explicó, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán cuando existan impedimentos para que las empresas mineras puedan desarrollar su actividad.
Sin embargo, aclaró que los proyectos mineros no serán declarados como zonas de seguridad, pues la intención del Gobierno es establecer planes integrales entre el Ejército y la Policía para combatir la minería ilegal.
Guardia indígena
Como respuesta al anuncio de la Conaie de que la Guardia Indígena impedirá que las Fuerzas Armadas y la Policía ejecuten operativos de control de minería ilegal en sus territorios, Ordóñez enfatizó en que el Estado tiene la obligación de garantizar el orden y la paz en todo el país.
"No existe posibilidad de que la guardia indígena pretenda reemplazar el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que tienen por definición el uso legítimo de la fuerza".
Aunque también reconoció que el Estado no puede tener presencia permanente en territorios ancestrales por decisión de la Corte Constitucional.
Ordoñez adelantó que en los próximos días el presidente Guillermo Lasso firmará un Decreto Ejecutivo en el que se detallarán las estrategias para combatir la minería ilegal.
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