Complicaciones a la hora de trasladarse en el transporte público, precarización de sus condiciones laborales y desempleo abierto son el legado del Covid-19 para las empleadas domésticas.
Tras más de dos meses de iniciada la emergencia sanitaria en Ecuador, varios sectores económicos intentan recomponerse y adaptarse a la llamada nueva normalidad.
Uno de los grupos más golpeados es el de las empleadas domésticas, conocidas técnicamente como trabajadoras remuneradas del hogar.
El miedo a que se convirtieran en agentes transmisores del virus, ya que usan mayormente el transporte público, unido a la falta de recursos provocada por la crisis y a los anuncios de reducciones salariales han dejado a muchas de ellas sin empleo.
La mañana del lunes 15 de marzo, cuando empezaba la crisis de Covid-19 en Ecuador, Martha Santacruz recibió la llamada de su jefe para decirle que no era necesario que se presentara al trabajo ya que se iba a suspender el transporte público.
Martha llevaba 12 años trabajando como empleada doméstica en ese hogar. Hasta ese día, poco había escuchado del coronavirus, pero rápidamente se fue enterando de aspectos de la pandemia que terminó por cambiarle la vida.
Con el paso de los días el mensaje se repetía. “Hoy no venga, Martitha”. Y ella se desesperaba. No sabía si a fin de mes llegaría su salario o si iba a ser despedida.
Martha tiene dos hijos menores de edad y es madre soltera.
Una semana después, finalmente, sus jefes le comunicaron que ya no seguirían contratando sus servicios. Llegaron a un acuerdo y Martha recibió una cantidad de dinero a manera de liquidación por los 12 años de trabajo. Ella prefiere no revelar el monto, pero dice que le pareció justo.
Martha vivía al oriente de Quito, pero es originaria de la parroquia Patricia Pilar, en la provincia de Los Ríos. Sin trabajo, y con mucho temor por el virus, aprovechó que un familiar viajaba a su tierra natal y junto a sus hijos regresó a casa de su madre.
Ahora, la mujer de 43 años se debate entre dos ideas. Volver a Sangolquí y buscar un nuevo trabajo. O emprender en un puesto de comida ambulante en Patricia Pilar.
No sabe que ocurrirá más adelante. En los casi 70 días de confinamiento se ha gastado más de la mitad de su liquidación.
Un problema invisible
Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre enero y abril de 2020, el número de trabajadoras del hogar afiliadas al Seguro Social se redujo 0,25%.
María Cruz Sánchez, representante de la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines (Untha), explica que las cifras del IESS no son un reflejo de la realidad ya que muchas de las trabajadoras no tienen un contrato formal ni afiliación a la seguridad social.
Care, organización que trabaja en Ecuador para la defensa de los derechos humanos, calcula que solo el 28% de las empleadas domésticas están afiliadas.
Próftas, firma que estudia el entorno económico, político y social de los negocios, realizó un análisis que muestra la situación de las trabajadoras del hogar.
Sebastián Hurtado, presidente de Prófitas, explica que ante la falta de estadísticas oficiales sobre empleo debido a la pandemia, decidieron evaluar el impacto desde otro ámbito.
Para esto, Prófitas tomó los valores de recaudaciones tributarias del Servicio de Rentas Internas (SRI), por sector, correspondientes a abril de 2020 y los comparó con los de abril de 2019.
Con este ejercicio, queda claro que el sector más afectado por la pandemia es justamente el del servicio doméstico, ya que la recaudación tributaria por este tipo de gastos descendió 88,7%.
Un problema, varios rostros
Untha enumera varias realidades a las que las trabajadoras remuneradas del hogar han tenido que enfrentarse a raíz de la pandemia:
- Quedarse en casa sin poder trabajar y perder su empleo.
- Permanecer en casa de sus jefes y descuidar a su propia familia.
- Sufrir rebajas salariales.
- Falta de medidas de bioseguridad para trasladarse y trabajar.
- Improvisar medios de transporte para llegar a sus lugares de trabajo
Este último caso le ocurrió Marisol (nombre protegido), quien vive en Alangasí pero trabaja en el Valle de Los Chillos, al oriente de Quito. Es un recorrido de 30 minutos en bus.
Ante la falta de transporte público, y para conservar el empleo con el que sostiene a su hijo de ocho años, desempolvó una vieja bicicleta y la adoptó como su nuevo medio de transporte.
El recorrido de 30 minutos se convirtió en una hora y 15 minutos de ida y el mismo tiempo de regreso. Desde el miércoles 3 de junio, cuando Quito entró a semáforo amarillo, Marisol pudo volver usar el transporte público.
El temor de las trabajadoras, ahora, es que una vez que entre en vigencia la Ley Humanitaria las cosas no vuelvan a la antigua normalidad. Y que los empleadores aprovechen para reducir sus jornadas de trabajo y sus salarios.
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