¿Qué beneficios habría para 6.254 deudores de créditos educativos?

Los alivios financieros que propone el Gobierno solo están dirigidos a clientes con deudas vencidas en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Los beneficiarios serían personas que se endeudaron cuando todavía existía el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE). Hay préstamos impagos que datan desde antes de 2010.

Tras la extinción del IECE, en 2015, la cartera de esos créditos pasó a la Senescyt y los procesos de coactiva los realiza Senescyt, aunque se designó al Banco del Pacífico para el cobro de las deudas, aclara Carlos Jaramillo, presidente del colectivo de afectados del IECE.

También hay casos que datan de 2016, cuando el Instituto de Fomento al Talento Humano aprobó otro tramo de préstamos educativos, explica Jaramillo.

Los beneficios serán tanto para los deudores con procesos de coactiva, como para aquellos que tenían deudas vencidas y llegaron a acuerdos de pago.

La coactiva se da cuando la entidad ya ha emprendido un proceso legal para el cobro de los valores que no fueron pagados en el plazo previsto.

El decreto ley plantea seis medidas, que sumarían USD 21 millones:

1. Condonar intereses, además de los recargos, como multas, costas y gastos administrativos a todos los deudores de Senescyt con créditos vencidos. Esa condonación significaría un beneficio de USD 19,8 millones.
2. Permitir que unas 3.922 personas con deudas educativas vencidas, que no podían acceder a acuerdos de pago, puedan solicitarlos.
3. Otorgar un período de gracia de seis meses en las cuotas para los deudores que estén desempleados, lo que costaría USD 1,5 millones.
4. Flexibilizar las garantías exigidas a los deudores con acuerdos de pago vigentes y para los que quieran firmarlos por primera vez.
5. Condonar la totalidad de la deuda vencida o en convenio de pago a los clientes o sus cargas familiares que tengan una discapacidad igual o mayor al 76%; Eso incluye el capital, los intereses y los recargos.
6. Las deudas que entren en acuerdos de pago no se reportarán en el buró de crédito.

Si los deudores o sus cargas familiares tienen una discapacidad menor al 76%, el decreto propone la condonación de la deuda, intereses y recargos, según una tabla progresiva. En total, las condonaciones a personas con discapacidad tendrán un costo de USD 360.000.

El actual Código Ingenios determina el tipo de garantías que tiene que presentar un deudor en mora para solicitar un acuerdo de pago, y que varía según el monto de la obligación.

Ahora, quienes tienen deudas de hasta USD 20.000 tienen que presentar un garante y solicitar acuerdos de pago de hasta 54 meses. Este requisito se mantiene en el decreto ley.

En cambio, quien debe un monto mayor a USD 20.000 requiere actualmente una garantía hipotecaria, lo que le permite firmar convenios de pago por hasta 240 meses. Con el nuevo decreto ley, esas personas ya no tendrán que presentar la garantía hipotecaria, sino dos  garantes.

Para quienes tengan deudas de más USD 45.000 tendrán que presentar una garantía hipotecaria, como es ahora.

Jaramillo dice que será difícil para los deudores que enfrentan coactiva conseguir dos garantes.

Quienes ya tenían convenios de pago vigentes podrán solicitar por una sola vez una renovación, con las nuevas condiciones.

Ahora, solo los deudores con coactiva bajo el Código Administrativo pueden pedir acuerdos de pago. Pero hay 3.922 clientes con deudas en coactiva bajo el Código de Procedimiento Civil que no habían podido acceder a un plan de pagos.

La cartera vencida de clientes sin acuerdos de pago suma USD 48,5 millones, lo que representa el 62% del total.

Según la propuesta del Ejecutivo, si está desempleado y tiene una deuda vencida, podrá solicitar seis meses de gracia, durante los cuales no pagará capital, intereses, mora, multa, ni recargos administrativos. Solo podrá pedir este beneficio por una ocasión.

Si la Corte Constitucional aprueba el decreto ley, todos los beneficios entrarán en vigencia de manera automática.

Sin embargo, los deudores tienen que presentar una solicitud a la Senescyt.

Una vez aprobado el decreto ley, esa Secretaría tendrá dos meses para emitir un reglamento en el que detalle los requisitos y documentos para acceder a los beneficios.