Los promotores inmobiliarios advierten sobre los excesivos trámites que podrían afectar el desarrollo de los proyectos de interés social que intenta promover el Gobierno. Los constructores también piden acceso a crédito con mejores condiciones.
Préstamos hipotecarios con una tasa de interés preferencial de 4,99%. Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Ecuador (Apibe) se dice que son condiciones históricas, sin comparación en la región.
Este instrumento se creó tras el primer bono social que emitió Ecuador y que contó con el aval del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por USD 400 millones.
Ese bono se cotiza en los mercados internacionales y su particularidad radica en que los recursos obtenidos irán para financiar, exclusivamente, programas de vivienda social.
La ventaja es tal que, si se compara con las condiciones anteriores vigentes, la cuota mensual de la vivienda podría reducirse a la mitad.
La idea del Gobierno es reactivar el sector de la construcción y superar el déficit habitacional del país. Y han aparecido ya los primeros interesados:
- Campana Organization y Mutualista Pichincha firmaron un convenio para construir vivienda social en Guayaquil. Las casas, valoradas entre los USD 38.000 y USD 43.000, estará en el proyecto Santiago City, en las afueras de la ciudad. Con esta alianza se prevé comercializar 250 viviendas de interés público en la etapa 5 de ese proyecto. Mutualista Pichincha ofrecerá los préstamos. Su meta es colocar USD 70 millones en créditos de vivienda social.
- No son los únicos que fijan su mirada en este mercado. El Municipio de Guayaquil firmó otro convenio con la inmobiliaria Ambiensa para construir 5.200 viviendas en vía a la Costa. El costo de cada una fluctuará entre los USD 51.000 y USD 71.000.
El ministro de Vivienda, Guido Macchiavello, aseguraba a inicios de año que ya fueron aprobados 50 proyectos habitacionales. Y, para ese momento, tenía otros 20 en carpeta.
‘Cuello de botella’
Pero, es el Ministerio de Vivienda donde se genera un cuello de botella. Así lo asegura Jaime Rumbea, presidente de Apibe. “¿Cuáles son esos proyectos? ¿dónde están?”, pregunta.
“Ahora los promotores están calificando para que sus compradores sean beneficiados de la tasa de interés, pero cuando se califican transcurren las semanas y no pasa nada”, lamenta el empresario.
Pone como ejemplo proyectos en los que el valor de las casas no supera los USD 90.000 por lo que los constructores aspiran a que los compradores accedan al crédito.
Sin embargo, no pueden hacerlo porque las autoridades piden “aprobación del anteproyecto”, un documento que no entregan todos los municipios y que no puede emitirse cuando la construcción ya está en marcha.
Cita el caso también de viviendas que tienen un metraje diferente al estipulado porque cuando se planificaron no había ese requisito.
Entonces, Rumbea advierte que, con este escenario, es probable de que haya crédito favorable, pero no oferta de vivienda social.
Desde los constructores se hace otro pedido. Quieren créditos en condiciones especiales para financiar los proyectos habitacionales.
Campana dice que la banca ahora pide garantías del 130%, lo que considera exagerado. El acceso a crédito asegura, es primordial para reactivar al sector de la construcción.
Para Gonzalo Cucalón, máster en Economía y Finanzas Corporativas, el éxito del plan gubernamental dependerá que se cumpla lo prometido: que el dinero vaya a financiar vivienda social.
Él califica como una fortaleza la inclusión de la banca social, pero advierte que el bono social es novedad en los mercados internacionales por lo que aún resta por ver su efectividad.
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