Solo en el sector camaronero y pesquero, el Gobierno prevé pérdidas por USD 3.349 millones, asociadas al impacto del venidero fenómeno de El Niño.
En una entrevista con el medio estadounidense Bloomberg, el presidente Guillermo Lasso ya había adelantado que presentaría un nuevo decreto ley para enfrentar las pérdidas y el impacto del fenómeno de El Niño, especialmente en los sectores productivos.
Fue así que la tarde del 5 de septiembre, Lasso emitió el decreto ley titulado "Gestión de Riesgos y Desastres", que entre otros puntos establece cambios en las declaratorias de emergencia y desastres, y da pautas para que el Gobierno actúe.
Desde la disolución de la Asamblea, vía muerte cruzada, Lasso tiene la potestad de gobernar con decretos ley, pero la Corte Constitucional debe antes revisarlos.
Con respecto al decreto ley sobre riesgos, a propósito de El Niño, el Gobierno plantea concretamente reformas en seis leyes:
- Ley Orgánica para el Desarrollo de la Agricultura y Pesca
- Código de Comercio
- Código Civil
- Ley de Registro
- Ley de Minería
- Código Orgánico Administrativo
El documento contiene ocho capítulos y dos disposiciones generales, e incluye reglas propias para que el Ejecutivo pueda declarar una medida de emergencia, de desastre o de fenómeno natural, y esto solo será potestad del presidente Lasso.
La llegada de El Niño es inminente dice el Gobierno y se prevé que arribe en octubre de 2023, dos meses antes de lo previsto.
"El Niño acaecido en 1997 y 1998 implicó 286 fallecidos, 30.000 personas daminificadas y pérdidas por USD 2.800 millones", se indica en el decreto ley.
Y se agrega que el fenómeno de este año tendrá un impacto aún mayor.
Imagen referencial. Varias personas caminan por una área inundada en Esmeraldas, en las pasadas lluvias, el 4 de junio de 2023. LUIS CHEME / AFP
¿Qué dice el decreto sobre las camaroneras?
Uno de los puntos clave del decreto ley, aún bajo revisión de la Corte, aborda las pérdidas que pueda tener el sector camaronero y pesquero, estimadas en USD 3.349 millones en 2023, según el propio documento del Ejecutivo.
"Para afrontar esta situación, y permitir que los dueños de las camaroneras tengan un patrimonio para afrontar las consecuencias del inminente desastre natural, es necesario que la administración adjudique tierras e infraestructura, lo que a su vez será una fuente de recaudación para las arcas públicas", señala el decreto ley.
Con base a esa premisa, se plantea las reformas a la Ley de Pesca, para que la industria acuícola, cuyas piscinas o fincas camaroneras resulten destruidas por El Niño, puedan solicitar al ente rector que deje sin efecto la concesión otorgada.
Finca de la empresa camaronera Santa Priscila. Twitter Santa Priscila.
Además, se propone que el sector camaronero puede hipotecar total o parcialmente zonas marinas previamente concesionadas, es decir, la "infraestructura camaronera será considerada un bien inmueble".
¿Cuál será el destino de la maquinaria incautada?
Otro punto del decreto ley aborda el decomiso de maquinaria a la minería ilegal, que plantea que estos equipos se ponga a disposición de manera inmediata, para enfrentar la amenaza natural de El Niño.
Es decir, las reformas propuestas en la Ley de Minería y en el Código Orgánico Administrativo permitirán que todo medio físico y maquinaria pesas, incautada de actividades mineras ilegales, podrán ser "objeto del decomiso administrativo especial".
Bajo esta figura, a toda la maquinaria o insumos incautados se les aplicará una medida cautelar preventiva, que permitirá usarlos en procesos de remediación ambiental y prevención de riesgos.
Y para usar los insumos, sola bastará con el "levantamiento de sus características y
detalles", por parte de los entes rectores.
Un policía municipal clausura maquinaria que trabaja sin permisos en Ponce Enríquez. Cortesía
¿Qué cambia en los contratos de emergencia?
Finalmente, el decreto ley hace cambios a las formas de contratación pública, eliminando el informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado, en procesos o contratos que "se realicen bajo régimen especial de emergencia o estado de excepción.
Tampoco será necesario en procesos de contratación que se financien con préstamos y cooperación internacional.
Según el Gobierno, con esta modificación, se reducirá los plazos que toman las empresas públicas o instituciones para gestionar contratos.
"Esta es por definición una medida idónea y necesaria ante el peso sustancial de la
emergencia", dice el documento.
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