La propiedad pasó a manos de la Corporación Financiera Nacional como parte del proceso para recuperar USD 478 millones en cartera improductiva. Entre los deudores de la CFN hay empresas involucradas en sobornos y escándalos.
Los trabajadores de La Clementina, que suman 1.800 personas, no pudieron pagar un crédito millonario a la Corporación Financiera Nacional (CFN) y perdieron la propiedad de la emblemática hacienda bananera.
La idea de que los trabajadores compraran la hacienda, que había sido embargada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) al Grupo Noboa en 2013, surgió del gobierno de la época.
En 2014, bajo el gobierno del presidente Rafael Correa, la estatal CFN otorgó a los trabajadores un crédito de USD 78,9 millones para comprar la hacienda.
Pero en diciembre de 2021, la CFN declaró el crédito vencido por falta de pago y ejecutó las garantías, entre ellas la propia hacienda.
Los trabajadores no pudieron pagar el crédito, pese a que tenía condiciones preferenciales, una tasa de interés de 5%, 12 años de plazo y dos años de gracia para el pago del capital.
En 2017 y 2019 la CFN les extendió el plazo y los años de gracia del crédito a los trabajadores de La Clementina.
La primera renovación fue en 2017, cuando los trabajadores vendieron 2.145 de las 12.085 hectáreas del predio, para abonar USD 5,5 millones al capital adeudado. En esa ocasión, la CFN otorgó les dos años más de gracia para pagar el capital.
En 2019, la CFN extendió el plazo del crédito a 19 años y siete meses y otorgó otros cuatro años de gracia para el pago de capital.
Pese a esas facilidades, la hacienda empezó a registrar una caída de ingresos y obligaciones pendientes con los trabajadores, que culpan del fracaso del proyecto a la empresa administradora Koval Management.
Julio César Cueva, abogado de Koval, en cambio, dice que la firma tuvo que lidiar con problemas como la oposición de un grupo de los propios trabajadores que no estaban de acuerdo con la administración.
Un futuro incierto
La Clementina comprende un terreno de 9.940 hectáreas, con 3.000 hectáreas de cultivos de banano.
La hacienda no está en producción. La CFN firmó un contrato temporal de administración compartida con los trabajadores para evitar un mayor deterioro de La Clementina, dice según Flavio Chuñir, abogado de los trabajadores de La Clementina.
Y ha inyectado, además, un nuevo préstamo por USD 1,8 millones, para capital de trabajo, agrega Chuñir.
Pero el contrato temporal de administración compartida termina en junio próximo, por lo que hay incertidumbre entre los trabajadores sobre su futuro laboral.
Iván Andrade, presidente de la CFN, informó que planea vender otras 5.000 hectáreas improductivas de la hacienda para cubrir parte de la deuda de USD 73,4 millones por capital que está pendiente de pago con la Corporación Financiera.
Sobre el futuro de La Clementina, Andrade dice que se analizan salidas para evitar que los trabajadores salgan perjudicados.
Deudores con prontuario
La Clementina no es el único deudor de la CFN. La institución financiera tiene una cartera improductiva de USD 478 millones; es decir, créditos que difícilmente podrá cobrar.
De esa cartera, la CFN intenta recuperar USD 400 millones con juicios coactivos planteados a 97 deudores, dice Andrade, quien reveló el listado de los morosos y de deudas.
Entre ellos, USD 1,8 millones en obligaciones impagas que fueron adquiridas a la empresa Ecuagran, que hoy está en liquidación.
Los incumplimientos de Ecuagran en el mercado de valores causaron pérdidas a otras instituciones, como el Instituto de la Seguridad Social de la Policía (Isspol).
En el listado de morosos de la CFN aparece la empresa Nolimit, que debe USD 1,4 millones, según Andrade.
Uno de los accionistas de Nolimit reconoció en Estados Unidos que pagó sobornos a funcionarios de la empresa estatal Petroecuador.
Dijo que lo hizo para cobrar las facturas que la petrolera les debía por la provisión de equipos para refinerías.
Primicias solicitó información sobre este crédito a Diego Correa, abogado de Nolimit, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
Construcciones y Servicios de Minería (Consermin) es otra deudora de la CFN, con la que tiene pendiente un crédito de USD 6,6 millones.
Ramiro Galarza, como presidente del Directorio de Consermin, fue sentenciado a ocho años por el caso sobornos 2012-2016. Galarza hoy está prófugo.
Consermin tiene entre sus accionistas a Eseico, también mencionada en el caso sobornos 2012-2016.
En la lista también resalta el nombre de Oil Sevices & Solution, que le debe USD 1,7 millones a la CFN.
Los propietarios de esta empresa de servicios petroleros confesaron ante la justicia estadounidense haber pagado sobornos a funcionarios de Petroecuador.
Oil Sevices & Solution está en liquidación. Su propietario, Juan Andrés Baquerizo, fue condenado en 2019 en Estados Unidos a tres años de prisión tras confesar que pagó sobornos para asegurar contratos por USD 40 millones con Petroecuador.
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