Asociaciones de mineros en Ponce Enríquez (Azuay) reclaman su derecho a trabajar en más de 1.200 hectáreas, que les fueron entregadas en 2012. La Empresa Nacional Minera pierde batalla legal contra los exaccionistas del quebrado Filanbanco.
Muyuyacu es un área de concesión minera en la parte baja de la provincia del Azuay. Es catalogada como una de las más grandes reservas de oro en Latinoamérica: tiene un potencial de casi 7 millones de onzas de este metal precioso.
Y es justamente en esa zona, perteneciente al cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez, donde el Estado ha tenido un revés jurídico. Una jueza de Guayaquil revierte seis concesiones a manos privadas: los hermanos Roberto y William Isaías Dassum. Sus abogados plantearon una Acción de Protección.
Iván Leiva, representante legal de la Asociación 12 de Octubre, asegura que más de 8.000 personas viven de la minería en ese cantón.
En esta zona, hay seis concesiones mineras en conflicto tras una Acción de Protección que presentaron tres empresas en abril de 2016: Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá Corporation son las tres compañías que reclaman las áreas de explotación.
Aquellas empresas están vinculadas con los hermanos Roberto y William Isaías, exaccionistas del quebrado Filanbanco.
Según Leiva, el conflicto es tan grande que los mineros de tres asociaciones corren el riesgo de perder las concesiones de más 1.200 hectáreas, en las que operan hace más de ocho años.
"Hemos hecho inversiones importantes en la zona, porque la Empresa Nacional Minera (Enami EP) nos otorgó los contratos de explotación", dice Leiva.
Incluso, Leiva indica que le han enviado una carta al presidente Lenín Moreno a inicios de septiembre de 2020. "La Secretaría de la Presidencia nos ha dado la razón y ordenaron que los técnicos del Enami EP den un informe al respecto", agrega el representante de los mineros.
Todo empieza en 2012
Las redes empresariales de los hermanos Isaías no solo incluían negocios en bancos, sociedades agrícolas, telecomunicaciones o canales de televisión. Como reportó PRIMICIAS, ellos eran accionistas de Proempres Panamá, firma propietaria de la minera ecuatoriana Gribipe.
Esta última, a su vez, guardaba relación accionaria con Gaby Panamá Corporation, empresa que poseía una concesión de 30 años en la zona minera de Muyuyacu, es decir, hasta 2032. En esta área se ubican tres de las seis concesiones actualmente en disputa.
Tras el feriado bancario y la crisis en 1999, Gaby Panamá fue uno de los 195 bienes que incautó el Estado a los hermanos Isaías.
Esta incautación no solo se ejecutó en julio de 2008, cuando el Estado se hizo con la mayoría de las empresas de los Isaías. En 2012 también realizó una incautación -bajo los mismos argumentos contra el grupo Isaías- en la zona minera de Muyuyacu.
La intención, como se dijo en el entonces gobierno de Rafael Correa, era resarcir los daños económicos a los acreedores del Filanbanco.
Enami EP pierde una batalla
En el caso de la concesión de Gaby Panamá Corporation, estas se transfirieron a Enami EP, que luego las entregó a las asociaciones mineras de Ponce Enríquez.
También en 2012 el Estado se incautó de otras tres concesiones mineras que correspondían a Guadalupe Mining.
Tanto Gaby Panamá como Guadalupe Mining fueron absorbidas por la empresa Oromining en 2013, cuyos abogados empezaron, entonces, el litigio para revertir concesiones.
Es la jueza Nelly Parrales Córdova, de la Unidad Judicial de Guayaquil, quien acogió la Acción de Protección de los defensores de Oromining en 2019. La jueza ordenó la reversión de la incautación de las concesiones mineras.
El potencial minero de las concesiones que reclaman los Isaías es millonario. Según un informe de Enami EP, son aproximadamente 6,9 millones de onzas de oro.
Empresas inactivas y sin ingresos
La empresa Oromining se constituyó en Panamá en 2011, pero se encuentra inactiva desde 2018. El presidente de la empresa es el peruano Carlos Huerta Araujo, quien a su vez es el director y tesorero de Guadalupe Mining Corporation.
Oromining registra un patrimonio de casi USD 1 millón, pero en 2018 tuvo ingresos por USD 3.143, según información de la Superintendencia de Compañías.
Mientras que tanto Guadalupe Mining como Gaby Panamá reportaron cero ingresos en 2018. En ambos balances financieros se indica que las compañías "no tienen actividad de producción ni comercialización".
Fallo internacional alienta a los Isaías
Como explicó el abogado de los hermanos Isaías, Jorge Zavala Egas, el fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2016 favorece a sus defendidos.
En junio de aquel año, este Comité resolvió que "Estado ecuatoriano violó el derecho de los Isaías a las garantías del debido proceso de incautación de sus empresas".
Por ello es que Zavala Egas ha emprendido una cruzada para que el Gobierno les devuelva los activos. Además, cuando la jueza de Guayas en 2019 dio la razón a los Isaías invocó esta resolución de la ONU.
Los hermanos Roberto y William Isaías (de Izq. a Der), expropietarios de Filanbanco, en una foto de archivo. Cortesía portal Isaías Dassum
Zavala Egas dice que la deportación de los Hermanos Isaías es un escenario hipotético e incierto.
Pero según Darwin Machuca, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería, en Ecuador debe prevalecer el Mandato 13, que se aprobó en la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008.
"El Estado otorgó los permisos a los mineros tras la incautación de bienes y es el Estado el que debe responder ante esta amenaza", señala Machuca.
Este Mandato, que consta de cuatro artículos, bloquea la posibilidad de demandas interpuestas por los dueños de los activos incautados.
Se especifica que las acciones tomadas por la entonces Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), que incautó los bienes de los Isaías, no puede ser sujeto de acciones constitucionales de ningún tipo.
Incluso establece que cualquier juez o magistrado que acepte conocimiento de una acción en contra de lo resuelto por la AGD enfrentará una posible destitución.
Hasta el momento, los mineros esperan una reunión que ha ofrecido el Gobierno para solucionar este litigio sobre las concesiones. Pero no descartan acciones más drásticas.
Por lo pronto, este jueves 17 de septiembre tienen previsto una marcha por las calles de Ponce Enríquez.
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