El país perdió ante un tribunal en Santiago de Chile, que ordenó el pago de USD 11 millones a la petrolera Gente Oil. El conflicto comenzó en 2018.
La Procuraduría General del Estado presentó un recurso de anulación frente al laudo arbitral internacional a favor de la petrolera Gente Oil.
El organismo planteó la nulidad el 23 de agosto de 2022 ante la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile.
Ecuador emprendió la acción luego de que el 24 de mayo de 2022 un tribunal arbitral administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en Santiago de Chile, condenara a Ecuador a pagar USD 11 millones a la petrolera.
Esa controversia surgió del supuesto incumplimiento de Ecuador a varias de sus obligaciones previstas en el contrato para la explotación y exploración petrolera en el campo Singue, suscrito en 2012.
"La Procuraduría no cesará en sus esfuerzos para defender los intereses del Estado", según un comunicado del organismo del 24 de agosto de 2022.
Silvana Pástor, vicepresidente administrativa financiera de Gente Oil, dijo que la empresa aún no ha sido notificada de este recurso.
"Confiamos en que la contundencia del laudo, resultado de un proceso de más de cuatro años, será suficiente para que esa nulidad no prospere", añadió Pástor.
El caso Singue
Gente Oil planteó un arbitraje al Estado ecuatoriano el 6 abril de 2018, por supuestas violaciones de los términos del contrato.
Una de esas violaciones, según la petrolera, es la pretensión del Estado de reducir la tarifa que paga a la empresa.
“Sin ningún sustento legal, la Contraloría General del Estado pretende de forma unilateral recuperar USD 1,05 por cada barril producido de la tarifa pagada“, ha señalado Gente Oil.
De acuerdo con la petrolera, la tarifa actual que paga el Estado "ni siquiera cubre las inversiones".
La tarifa por barril producido que fue pactada originalmente en el contrato de Gente Oil es de USD 33,5 por barril.
Observaciones al contrato
La Contraloría auditó el contrato suscrito entre la petrolera estatal Petroecuador y la empresa extranjera Gente Oil y determinó indicios de responsabilidad penal por un supuesto perjuicio al Estado.
El organismo argumenta que existe una incorrecta definición de la tarifa de extracción de petróleo en el campo Singue.
Luego, el caso pasó a la justicia, donde está en discusión un supuesto perjuicio de USD 28,4 millones para el Estado.
Existe un fallo de primera instancia por peculado para siete personas en el llamado caso Singue; entre ellos, el exvicepresidente del correísmo Jorge Glas.
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