Tecnazul, Azulec, Caterpremiere y Campetrol iniciaron la venta sus bienes y la liquidación de su personal en 2018. Los documentos de las compañías detallan que su reputación está por los suelos. Mientras, Petroecuador busca apoyo para investigar la trama de corrupción relacionada con el Grupo Azul.
Las empresas que pertenecían al Grupo Azul preparan todo para su disolución desde hace tiempo.
Señaladas dentro de algunos de los peores casos de corrupción en Petroecuador y por el caso Sobornos 2012-2016, las compañías empezaron a liquidar personal y a vender activos desde 2017.
El Grupo Azul se vio envuelto en el escándalo a partir de la revelación de los Panama Papers, en 2016, por pagos irregulares al exgerente de Petroecuador Álex Bravo a través de empresas domiciliadas en Panamá.
Esta “afectación a la imagen de las empresas que conforman el Grupo Azul” ocasionó que las firmas no pudieran generar ingresos en 2018, según los documentos entregados por el Grupo a la Superintendencia de Compañías.
Azulec S.A., la empresa más grande del conglomerado, tiene un capital registrado de USD 1 millón. Entró en liquidación en abril del 2019, por resolución de la Superintendencia.
Para diciembre de 2018, esa empresa reportó pérdidas por más de USD 3 millones, y una reducción del patrimonio de USD 7,2 millones.
Unos 50 empleados de esta empresa fueron desvinculados en 2018, y se vendieron activos, bienes y materiales por USD 501.000.
De acuerdo con el informe del gerente, entregado a la Superintendencia en marzo de 2019, los accionistas tenían por delante la tarea de evaluar si la empresa debía seguir operando o liquidarse. Sin embargo, la Superintendencia resolvió comenzar el proceso un mes después.
Caterpremiere, otra empresa del grupo, tuvo en 2018 una reducción del patrimonio de USD 1,2 millones, despidió a 111 empleados y vendió activos por USD 194.000.
La recomendación del gerente es similar: evaluar si se debe mantener la empresa en marcha o disolverla por decisión propia.
Campetrol, otra de las empresas, aún no entra en liquidación, pero su gerente recomendó directamente en marzo de 2019 que entre en una disolución voluntaria.
Tecnazul, el vínculo con Worley Parsons
Tecnazul es otra de las empresas que formaron parte del Grupo Azul que se prepara para su disolución. Pero la situación aquí es más complicada.
Tecnazul era socia de WorleyParsons, la multinacional de origen australiano a la que Petroecuador adjudicó durante el gobierno pasado una serie de contratos por más de USD 140 millones, la mayor parte para la supervisión y gestión del fallido programa de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.
Por este caso Humberto Guarderas y Sonia Calero, funcionarios de Tecnazul, fueron sentenciados por cohecho. Calero está detenido, y Guarderas, prófugo.
Hay 14 transferencias, que suman USD 2,08 millones, que fueron realizadas por Guarderas y Calero a las cuentas de las empresas de los exgerentes de Petroecuador Carlos Pareja Yanuzzelli y Álex Bravo, y de Arturo Escobar, quien fuera excoordinador general de Gestión Empresarial de la petrolera estatal.
Además, Petroecuador no había dado la autorización para que WorleyParsons subcontratara a Tecnazul.
Marco Prado, procurador de Petroecuador, presentó una declaración jurada ante la Corte del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, en la que argumenta que el contrato entre la estatal petrolera y WorleyParsons le prohibía cualquier subcontratación y que incluso se le notificó esto a WorleyParsons mediante un memorándum.
“Petroecuador desconoce los detalles, circunstancias y condiciones de los subcontratos suscritos entre WorleyParsons y Tecnazul”
Declaración jurada del procurador de Petroecuador, Marco Prado
Y encima no pagan
Tecnazul fue la primera empresa del Grupo Azul en pensar en su futura disolución. Liquidó a toda su plantilla de personal operativo y administrativo en diciembre de 2017. También vendió activos, por USD 6.196, durante 2018.
De acuerdo con el informe del gerente, presentado en marzo de 2019, WorleyParsons debía unos USD 22,5 millones a Tecnazul a diciembre de 2018. Por esto, la empresa inició un proceso legal de cobro en Chile.
Considerando estas razones, el gerente de Tecnazul, Giovanny Morejón, recomienda a los accionistas que analicen la continuación de la empresa como activa, pues la Superintendencia de Compañías podría declarar su disolución.
La ‘recomendada’ MMR
La declaración de Prado ante la justicia estadounidense señala que WorleyParsons era responsable de supervisar y manejar los contratos de la Gerencia de Refinación de Petroecuador. Por tanto, WorleyParsons certificaba la necesidad de contrataciones de proveedores externos y elaboraba informes para pliegos y presupuestos referenciales.
Según la estatal petrolera, WorleyParsons participó en 63 procesos de contratación adjudicados a más de 27 empresas. Entre ellos destacan los entregados a las empresas Galileo y Oil Services & Solutions, cuyos propietarios confesaron ante la justicia estadounidense el pago de sobornos.
WorleyParsons y Tecnazul recomendaron la contratación de MMR Group en junio de 2014. Esta empresa también pagó coimas a Pareja Yanuzzelli, a Bravo y a Escobar.
Petroecuador ahora busca que, mediante un recurso judicial en Estados Unidos, WorleyParsons entregue información y documentos que puedan ayudar a la investigación de este esquema de corrupción, pero la australiana se niega a colaborar.
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