Empresarios ecuatorianos dicen que en el país se paga un 'peaje' de 23,7% para obtener contratos

Los sectores de la economía más propensos a la corrupción en América Latina son la construcción, la administración pública, además de la explotación de minas y canteras. En Ecuador el escenario se repite, según el primer estudio latinoamericano sobre Prácticas Empresariales Contra el Soborno.

El informe, que consultó a 2.965 compañías de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, concluye que el 95% de los empresarios perciben que rutinariamente se pagan sobornos en sus países.

Uno de los factores que hacen que la construcción sea percibida por los empresarios como un sector propenso a la existencia de sobornos es que en él se manejan montos altos.

Y los tipos de relaciones. “Los Estados son quienes contratan la mayor parte de la construcción de infraestructura, a través de los gobiernos”, dice en entrevista con PRIMICIAS Gustavo Yepes López, director de la investigación y docente de la Universidad Externado de Colombia.

Las empresas perciben que entre las principales modalidades de soborno en América Latina están en su orden:

Pagos para agilizar trámites.
Contribuciones políticas.
Pagos para el cierre de contratos y/o negocios.

En Ecuador las modalidades más comunes son:

Pagos para agilizar trámites.
Contribuciones políticas.
Pagos para cerrar contratos o negocios.
Regalos.
Pago de patrocinios.

En la región las empresas pagan en promedio un 26,2% adicional de manera secreta para asegurar un contrato o negocio.

Los elementos que desalientan a los empresarios a tomar medidas para prevenir el pago de sobornos son la corrupción en el sector público y las acciones deshonestas por parte de la competencia, señaló en entrevista con PRIMICIAS Virginia Lasio, docente de la Escuela de Negocios de la ESPOL (ESPAE).

“Por una parte, un porcentaje importante de empresas de la muestra regional (49,3%), manifestó contar con códigos de conducta o códigos de ética en los cuales se explicita la actitud de rechazo antes estas prácticas”, señala el estudio.

No obstante, agrega el documento, aún existe un porcentaje alto (34%) de empresas que manifestó que no ejecuta ninguna acción para la prevención del pago de sobornos en actividades comerciales como el cierre de negocios y de contratos.

El estudio fue realizado por 11 universidades de la región, entre ellas la Escuela Superior Politécnica de Litoral (ESPOL).

Yepes dice que este tema no puede ser resuelto solo por el sector privado. “Este es un trabajo de todos. Por un lado, las instituciones deben hacer que sus trámites, sus actividades y sus funciones sean transparentes y rápidas”, dice.

Y agrega que la legislación debe “castigar de una manera seria, sin impunidad, los malos hábitos, los delitos. La impunidad en América Latina es muy alta”.

Por su parte “la sociedad civil tiene que aborrecer y rechazar abiertamente ese tipo de prácticas. Como compradores debemos adquirir los productos de aquellas empresas que sean transparentes”, dice Yepes.

El caso de Perú

Llama la atención el caso de Perú, un país que a pesar de tener las mejores prácticas empresariales, es donde la percepción de que existen empresarios que pagan sobornos es más alta, con un 99% de los encuestados.

Según Yepes, esto puede deberse al impacto que han tenido casos como el de Odebrecht en ese país.

El caso de Ecuador

Los ejecutivos en Ecuador consideran que las empresas pagan un un ‘peaje’ de 23,7% sobre el valor total del contrato a ser adjudicado para asegurarse de obtenerlo.

En Ecuador el sector económico percibido como más propenso a los sobornos es la construcción (31,82%).

La necesidad de agilizar trámites es uno de los argumentos más usados en Ecuador y en la región para justificar el soborno en procesos o gestiones que tiene como contraparte a las instituciones públicas.

Solo el 30% de los directivos encuestados dice que su empresa ha adoptado una política de rechazo a los pagos indebidos. Esta realidad se contrapone a las recomendaciones antisobornos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE sugiere la implementación de auditorías y de mecanismos de control para evitar los sobornos en las empresas.

394 empresas de Quito y Guayaquil participaron en el estudio, 34 de ellas son de origen extranjero.

Solo un poco más de la mitad de las empresas en Ecuador dice no haber hecho contribuciones políticas (apoyo a candidatos y a campañas electorales). La mayoría de estas empresas son de capital extranjero.

Quienes si estarían dispuestas a pagar contribuciones políticas a cambio de obtener contratos o agilizar trámites argumentan que “no hay formalización de procesos para el efecto, las contribuciones prácticamente no se hacen públicas y no se registran contablemente”, señala el estudio.

Entre las herramientas legales que existen para combatir la corrupción en Ecuador la más conocida es el Manual para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencias de Compañías.

En cambio, el Código de Registro y Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) es el menos conocido.

Lasio dice que “para hacer que las empresas sean más conscientes en cuanto a su responsabilidad de prevenir la corrupción en el ámbito privado se debe difundir las herramientas locales e internacionales que pueden y deben emplear”.

La Norma Técnica ISO 37001 de Sistemas de gestión antisoborno es la herramienta más conocida por los participantes del estudio. Lasio destaca que esta semana, el 31 de junio, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) obtuvo su certificación, la misma que tendrá vigencia hasta el 5 de julio del 2022.

Otros riesgos para los negocios en el país, según el informe, son la inestabilidad política, los impuestos y las regulaciones laborales restrictivas.

Esto se evidencia en que en 2018 Ecuador se posicionó en el puesto 86 del Índice de Competitividad Global que evalúa a 140 países. Ecuador estuvo solo por encima de países como Irán y El Salvador.

En el mundo, los sobornos representan entre USD 1,5 y USD 2 billones. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE, este delito frena el desarrollo de los países.

Noticias relacionadas