El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) tenía previsto entregar las reformas a la Asamblea a finales de mayo de 2019. Los empresarios y trabajadores no concuerdan en las nuevas propuestas. El paquete de enmiendas aprobado el 15 de mayo de 2019 generó dudas al Gobierno.
A finales de mayo estaba planificado que el Consejo Nacional de Trabajo y Salario (CNTS) entregue a la Asamblea el paquete de reformas laborales. Esa era la intención de ese grupo técnico.
La aprobación de esta reforma es uno de los pedidos planteados por el Fondo Monetario Internacional en el Acuerdo de Facilidades Extendidas suscrito con el Gobierno Nacional.
Pero las posturas ambiguas de los representantes del sector empresarial y de los líderes de los sindicatos, así como la la parsimonia del gobierno, retrasaron ese objetivo.
Ese plazo tampoco se cumplió porque el primer paquete de reformas, aprobadas el pasado 15 de mayo, provocó debate y resistencia. Ese día fue la última reunión del consejo.
Allí se aprobó la contratación especial para emprendimientos, la eliminación del recargo del 35% en contratos eventuales, y la distribución de la jornada laboral de 40 horas hasta en seis días a la semana, sin superar las 12 horas diarias de trabajo.
Los empleadores dicen que esa polémica se dio por el desconocimiento del sector trabajador al confundir las reformas en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Ellos aseguran que esos planteamientos activan las fuentes de empleo, pero los obreros creen que eso conlleva a la “esclavitud laboral”.
Han pasado 36 días y todavía el ministro de Trabajo, Andrés Madero, quien preside ese grupo, no convoca a una nueva reunión.
Desde esa entidad indicaron que “el consejo debe estar pronto a reunirse”.
Planteamientos
Los empleadores hablaron con PRIMICIAS y explicaron varias reformas que podrán en la mesa en la próxima reunión.
Ellos buscan que se modifique el tiempo del contrato a prueba, cuando se celebre por primera vez, de 90 a 150 días, dice Rodrigo Gómez de la Torre, delegado del sector empleador.
También quieren “modernizar” el artículo 188 del Código del Trabajo, sobre el despido intempestivo.
Se propone que el empleador que despida de manera intempestiva al trabajador será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicios, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de trabajo, sin que ese valor exceda de 25 meses de remuneración.
Plantean que disminuya los costos para los empleadores, en el caso de la desvinculación laboral, especialmente la voluntaria. Y que se modernice las “reglas rígidas” de la jubilación patronal.
La ley actual establece que ese tipo de jubilación es para los obreros que se han mantenido en una misma empresa por más de 25 años. Por ello, reciben una pensión mensual por parte del empleador.
Pero ese valor es diferente a la jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
“Eso provoca que empleados que llevan 19 años en las empresas, sean desvinculados porque no hay claridad en la fórmula de cálculo”, dice Gómez de la Torre.
Los trabajadores
Los sindicatos lamentan ese tipo de propuestas porque inducen a la “flexibilización laboral”.
Ellos tienen otras prioridades. Plantean la creación del sindicato por ramas de trabajo para que se negocie y se busque mejoras en sus derechos y beneficios, asegura Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
También consideran que se incluya la contratación colectiva por rama de trabajo. Esos dos planteamientos ya están en la Asamblea.
Gómez plantea también que haya mecanismos para castigar el acoso laboral, para que las multas a los empleadores por reclamos laborales sean más fuertes.
“Que esas multas no se queden en el Ministerio de Trabajo sino sea repartido a los trabajadores afectados”, detalló el dirigente sindical.
Asamblea Nacional
Una vez que el Consejo tenga el paquete completo de reformas las enviará a la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) determinará la mesa que tramitará esas reformas.
Hay tres comisiones especializadas de la Asamblea que tienen esa posibilidad. Esas mesas son presididas por tres legisladores de Alianza PAIS:
1.- Comisión de los Derechos de los Trabajadores (María José Carrión).
2.- Comisión de Desarrollo Económico (Esteban Albornoz).
3.- Comisión de Régimen Económico (Daniel Mendoza)
En teoría debería ir a la mesa de los Trabajadores, sin embargo, los empleadores y sindicatos rechazan que el análisis de ese tema lo lidere Carrión.
En el caso de que entre al Legislativo como proyecto económico urgente, arribará a la comisión de Régimen Económico.
Fuentes al interior de la Asamblea indicaron a PRIMICIAS que, efectivamente, las reformas laborales serán tratadas en la mesa que lidera Mendoza.
“Definitivamente el tema laboral debe ser tratado en materia económica porque la generación de empleo es una situación directa de ámbito económico”, cuenta Gómez de la Torre.
Luis Naranjo, jefe de análisis económico de la Cámara de Comercio de Quito e integrante del consejo, espera que las reformas no aterricen en la Comisión de los Trabajadores. “Esa comisión es más política”, aclara.
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