Solo en 2021, la Superintendencia de Bancos ha recibido 84 alertas sobre financieras ilegales. Sin embargo, la Fiscalía no actúa porque los perjudicados no denuncian.
Un nombre llamativo y una oferta que el cliente no puede rechazar. Esas son las características de las financieras que operan al margen de la ley y que, en casi la totalidad de casos, ha perjudicado a sus clientes.
Las autoridades han identificado a 113 “personas naturales y jurídicas que no están controladas ni autorizadas“, por lo que podrían poner en riesgo el interés de los ciudadanos.
Solamente en los seis primeros meses de 2021 se identificaron a 24 de estas firmas financieras. En los seis primeros meses del año, 84 personas han denunciado la actividad de estas financieras.
En 12 meses se acumularon 248 alertas ciudadanas a la autoridad.
"El número de perjudicados debe ser mayor que las cifras de la Superintendencia, el tema es que la gente, en su mayoría, no denuncia este tipo de cosas. Por desconocimiento o vergüenza, pero no acuden a denunciar", sostuvo una fuente de la Fiscalía.
Una de las 24 firmas detectadas en esta mitad de año es Big Money, encabezada por Miguel Nazareno, 'Don Naza', que ofrecía duplicar el dinero en una semana y que exigía a sus "inversionistas" un mínimo de USD 300 para ingresar a su plan infalible para salir de la pobreza.
"En ese caso hay una investigación, por la magnitud, la trascendencia y la visibilidad que se tuvo del tema", añadió la fuente.
Nazareno señaló que su empresa está en liquidación y habilitó una página web para registrar las acreencias y conocer la fecha de pago, pero el sitio solamente señala la leyenda "próximamente".
Ofertas dudosas
Las financieras que operan al margen de la ley tienen un público objetivo, según la Superintendencia de Bancos: empresarios, microempresarios, comerciantes, jubilados, agricultores, transportistas y empleados.
El mecanismo usado generalmente es el de anuncios en sitios web y mensajes en redes sociales en los que se ofrece "acceso a crédito a bajas tasas de interés, sin tanto trámite y de manera inmediata".
En Ecuador, la crisis por la pandemia hizo que muchas personas se queden sin dinero, ya sea por bajas ventas o porque perdieron su trabajo. Esto les hizo incumplir con sus obligaciones, por lo que cayeron como morosos en los burós de crédito.
"La necesidad de recursos y la falta de acceso a crédito, hace que las personas sean presas fáciles de este tipo de ilícitos", señaló la fuente de Fiscalía.
Por lo general, las aventuras con estas empresas terminan de dos formas:
La primera, el cliente firma los papeles y, al no leer la letra chica, cae en manos de usureros que le cobrarán tasas muy por encima de las legales vigentes en el sistema financiero nacional.
En la segunda alternativa se le pedirá al cliente un "encaje", de USD 1.000 o 2.000 dólares, el que se devolverá "apenas se acredite el préstamo". Al ser una entidad fantasma, apenas el interesado deposita el dinero, es bloqueado de redes sociales, WhattsApp y teléfono y nunca más verá su dinero.
Ante esta realidad, a finales de mayo, el presidente Guillermo Lasso emitió un decreto en el que da hasta 60 días a las instituciones de servicios de referencia crediticia, también conocidas como burós de crédito, para eliminar de sus registros la información histórica de más de 1,7 millones ciudadanos con deudas vencidas inferiores a USD 1.000.
La medida no borra la deuda, pero al estar limpio el nombre de la persona, le permite acudir al sistema financiero legal para obtener un crédito.
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