Ministro de Finanzas confirma el envío de reforma tributaria luego de la vacancia legislativa

Este martes 23 de julio, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, se refirió a la necesidad urgente de remitir a la Asamblea dos reformas: la Tributaria y la Laboral. El funcionario no indicó si aún consideran el aumento del IVA.

Del 12 al 23 de agosto la Asamblea Nacional entrará en un periodo de vacancia legislativa. Al término de este receso, el Gobierno tiene previsto remitir dos cuerpos normativos: la reforma Tributaria y la Laboral.

El anuncio fue hecho por el ministro Richard Martínez en una entrevista concedida al canal Ecuavisa.

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Martínez no mencionó si se considera un eventual aumento del IVA (Impuesto al Valor Agregado). "Estamos ultimando detalles y se incluirán instrumentos para facilitar la tramitología a pequeños y medianos empresarios".

Martínez adelantó que antes de la vacancia de los legisladores se enviarán otros proyectos de ley. Se trata de la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, y una norma para modificar la Ley de Alianzas Público-Privadas.

Como parte de las metas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno debe introducir varias reformas económicas.

Plan de austeridad del Gobierno

Sobre las medidas para reducir el déficit fiscal en USD 1.500 millones, el Ministro indicó que entre diciembre del 2018 hasta junio del 2019 el Estado ha cerrado cerca de 16 mil puestos en la función pública.

"Son plazas que hemos estudiado y considerado que son innecesarias. Reconocemos que tenemos que reducir el gasto corriente", agregó Martínez.

El Gobierno, según el Ministro de Finanzas, sigue firme en un Plan de Reestructuración de las instituciones públicas para eliminar puestos con funciones duplicadas en las provincias.

"Hemos confirmado que el Ministerio de Salud tiene por ejemplo más personas en el campo jurídico que la propia Procuraduría", enfatizó Martínez.

El Acuerdo 001-2019, emitido por la Secretaría Técnica de Planificación, ya dispone que en 120 días los ministerios y otras entidades públicas deben analizar los cargos a ser eliminados.