FMI le puede prestar hasta USD 1.300 millones a Ecuador
El Gobierno está interesado en firmar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de crédito de resiliencia, con plazo de 20 años y tasas de interés de hasta 4% anual.
El equipo del FMI se reunió con las autoridades de Ecuador el 14 de diciembre de 2022 en Washington.
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La relación entre el Gobierno de Guillermo Lasso y el Fondo Monetario Internacional (FMI) seguirá activa en 2023.
El Gobierno dijo al Directorio del multilateral que está interesado en acceder a un nuevo programa de crédito el año entrante.
El 14 de diciembre, Ecuador y el FMI culminaron con éxito un acuerdo de crédito por USD 6.500 millones firmado en septiembre de 2020.
Ecuador debe pagar este último crédito con el FMI entre los años de 2023 y 2026.
Según el FMI, ahora Ecuador está interesado en aplicar a lo que se conoce como programa de Resiliencia y Sostenibilidad o RST, por sus siglas en inglés.
Con un programa RST, Ecuador podría acceder a una línea de crédito de entre USD 690 millones y USD 1.300 millones.
Los países que piden este financiamiento pueden acceder a recursos equivalentes al 75% de su cuota de derechos en el FMI, explica el investigador de la Universidad de Carolina del Norte, José Emilio Vásconez.
Según el alcance de la negociación y la situación del país, un gobierno podría acceder a un crédito equivalente incluso al 150% de su cuota, añade Vásconez.
¿Ecuador necesita el dinero?
El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, adelantó que el Presupuesto del Estado de 2023 no contempla créditos del FMI, pues la mayor parte del financiamiento vendrá de deuda interna y de préstamos de otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial.
Sin embargo, los recursos del FMI podrían reemplazar los USD 600 millones en bonos soberanos que el Gobierno prevé colocar en el mercado internacional en 2023.
Sobre todo teniendo en cuenta que una emisión de bonos en el mercado internacional podría resultar muy costosa para Ecuador.
Si el Estado emite bonos en el mercado internacional con el riesgo país de 1.299 puntos que tiene Ecuador, tendría que pagar una tasa de interés de por lo menos 15% anual.
En contraste, con un programa RST del FMI, la tasa de interés sería de entre 2% y 4% anual.
Condiciones blandas
Tras el fin del último acuerdo de crédito con el FMI, todavía quedan evaluaciones y auditorías pendientes, que el Ecuador debe cumplir si quiere un nuevo programa.
Cumplir con estos pendientes facilitaría el camino. Aunque, de no hacerlo, tampoco sería una traba, añade Vásconez.
El programa RST es un instrumento nuevo, que el FMI creó en 2022 para países de ingresos bajos o medios, cuyas economías siguen vulnerables tras la pandemia de Covid-19.
Uno de los beneficios del programa RST es que los gobiernos pueden pagar el crédito en un plazo de 20 años y con hasta 10 años de gracia.
Por esas condiciones blandas, hay alrededor de 10 países que ya han pedido acceder al programa, dice Vásconez.
Lo que queda pendiente con el FMI
Según el FMI, hay tres asuntos pendientes que Ecuador se comprometió a resolver:
- 1
Los balances de Petroecuador
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Según el FMI, el Gobierno se comprometió a buscar "lo más pronto posible" empresas para realizar auditorías a los balances de la petrolera estatal Petroecuador. El FMI dice que el Gobierno debe contratar estas auditorías, pues ya existe financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ello.
- 2
Análisis del sector financiero
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El Banco Mundial y el FMI realizarán en 2023 un Programa de Evaluación del Sector Financiero de Ecuador. Se trata de un estudio para evaluar la estabilidad del sector. Según el FMI, será la primera vez en 20 años que los multilaterales harán una evaluación integral del sistema financiero de Ecuador.
- 3
Informe de transparencia
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El Gobierno se someterá en mayo de 2023 a una evaluación de transparencia fiscal, que estará a cargo del equipo técnico del FMI. La evaluación permitirá mejorar la calidad de los informes fiscales y la elaboración de presupuestos del Gobierno Central y de las empresas estatales, lo que se conoce como Sector Público No Financiero.
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