Los legisladores aprobaron cambios en la determinación de qué es información reservada y confidencial. La ley aprobada pasa ahora a veto en el Ejecutivo.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, este 24 de noviembre de 2022, la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La aprobación se dio por unanimidad, con 118 votos a favor que provinieron de todas las bancadas.
La nueva Ley de Transparencia reemplazará a la anterior normativa del mismo nombre, y que fue promulgada en 2004, pero que no ha tenido ni una sola modificación en estos 18 años.
Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, aseguró que la nueva ley busca facilitar el acceso a la información a través de medios electrónicos. Y que ningún peticionario puede ser sancionado por intentar obtener información pública.
La nueva ley establece que hay nueva información que deberá ser pública en las páginas web de las instituciones públicas, como las audiencias y reuniones de las autoridades, o los regalos recibidos.
También deberá publicarse un listado que evidencie el cumplimiento de las cuotas de acción afirmativa.
Además, determina que las empresas públicas deberán publicar la información financiera y contable del ejercicio fiscal anterior, la información mensual sobre ejecución presupuestaria, y las actas de sus sesiones de Directorio, entre otra información.
Y los partidos y movimientos políticos deberán publicar anualmente, en forma electrónica, sus informes acerca del uso detallado de los fondos públicos (fondo partidario) a ellos asignados.
Los ministerios que manejen contratos, como Telecomunicaciones o Recursos Naturales, deberán publicarlos de manera íntegra en sus páginas web.
La nueva Ley de Transparencia aprobada establece que las instituciones solo podrán negar la entrega de información cuando se trate de datos confidenciales y reservados. La Defensoría del Pueblo deberá crear una plataforma con un índice de esta información.
La ley pasará ahora a manos del Ejecutivo, que tiene 30 días para emitir una objeción o enviar directamente el texto al Registro Oficial.
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