Concesionaria analiza ir a la Corte Constitucional para reiniciar el proyecto hidroeléctrico Piatúa

La Compañía de Generación Eléctrica San Francisco Genefran S.A. busca revertir la sentencia de la Corte Provincial de Pastaza que dispuso la paralización del proyecto hidroeléctrico Piatúa.

"La empresa está analizando acudir a las instancias judiciales pertinentes. Es decir, a la Corte Constitucional, de ser el caso", dijo la compañía a PRIMICIAS.

El proyecto, ubicado en el límite provincial entre Pastaza y Napo, debía entregar 30 megavatios al Sistema Nacional Interconectado del país. Y, según la empresa, estaba en la fase de construcción, es decir, en la elaboración de los estudios topográficos, la remoción de tierra y el mantenimiento de vías.

La sentencia de la Corte Provincia de Pastaza implica, en la práctica, que el proyecto hidroeléctrico, que arrancó en 2018, deba empezar desde cero: la justicia dejó sin efecto los permisos que tenía la empresa. Entre ellos:

• El uso y aprovechamiento del caudal del río Piatúa, cuya autorización fue emitida por la Secretaría Nacional del Agua, en octubre de 2015.
• La licencia ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente, en febrero de 2018.

Además, Genefran debe presentar estudios técnicos ante el ministerio como los planes de manejo de la vida silvestre de la zona de influencia y una auditoría ambiental sobre los posibles daños ambientales.

La empresa asegura que el proyecto ocasionará un "impacto ambiental mínimo" y beneficiará a la zona de influencia porque "generará puestos de trabajo, ampliará los ingresos económicos a las familias y mejorará las vías de acceso".

La inversión estimada para la hidroeléctrica era de USD 57 millones.

El conflicto con la comunidad

Pero, la parte más crítica que todavía tiene que resolver la empresa es la consulta popular previa libre e informada a las comunidades involucradas.

Genefran no tendrá el camino nada fácil: los pobladores rechazan el proyecto porque consideran que la hidroeléctrica afectará el caudal del río Piatúa.

Los dos últimos años hubo manifestaciones en las inmediaciones del proyecto, así como procesos judiciales. Las últimas protestas se registraron este 18 y 19 de septiembre de 2019: los habitantes de 22 comunidades de la Asociación Kichwa de Santa Clara bloquearon el paso vehicular en la vía Puyo-Tena.

Los manifestante exigían a la compañía que retire la maquinaria pesada del sector.

Por esta paralización, la Fiscalía inició una investigación previa por un presunto delito de paralización de un servicio público, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).

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