Gobierno asegura ante la Corte que el decreto 754 no sustituye la consulta previa

Para Wider Guaramag, presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad A'i Cofán de Sinangoe,  el decreto 754 pone en riesgo la supervivencia de las comunidades indígenas.

En representación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense, el abogado Hugo García, dijo que la aplicación del decreto es fundamental para el desarrollo transversal del sector industrial del país.

García calificó de "excesiva" la intromisión de la Corte en las acciones del Ejecutivo.

Juan Francisco Guerrero, abogado constitucional y profesor de la PUCE, reiteró que decreto 754 no regula la consulta previa, libre e informada.

"La decisión que ustedes tomen va a afectar a todo el sector productivo del país, que por falta de una consulta ambiental está paralizado", dijo Guerrero.

Gustavo Redín Guerrero, abogado en representación de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), dice que el decreto limita los plazos de aplicación de la consulta.

Por parte de la Cámara de Minería del Ecuador, el abogado Emilio Suárez, recordó que la Corte determinó en sentencia que el Presidente debía adecuar el reglamento para la aplicación de la consulta ambiental.

Y, a su juicio, el decreto cumple con ese mandato de la Corte.

La ingeniera minera Claudia Silvana Wisum Yankuam, en representación de Women in Mining Ecuador, dijo que debajo de sus tierras existen riquezas que puedan brindar futuro y educación a sus pueblos.

"Mediante la educación mi pueblo abriría los ojos y dejaría de ser manipulado. ¿Por qué no cambiar la perspectiva negativa que tenemos y formar parte del cambio?", dijo Wisum.

Para ella, las mujeres de su comunidad han sido discriminadas, negándoles el acceso a la educación. Wisum es la primera mujer de la comunidad Shuar graduada como ingeniera minera.

Por su parte, Daniel Sisa, presidente de la Junta de Agua de la comunidad Jerusalén, cantón Las Naves, provincia Bolívar, dijo que el decreto es inconstitucional porque debía pasar por el poder legislativo.

Víctor Tócte Lasso, habitante la parroquia de Palo Quemado, dijo que su comunidad es "territorio de colonos, no ancestral".

Y añadió que grupos ambientales "armados de palos y galones de gasolina", que no son de Palo Quemado, irrumpieron en la comunidad, entre junio y julio de 2023, para que no se realice la socialización de la consulta ambiental.

Eduardo Chang Dávila, director jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Minas, aseguró que la consulta ambiental, del decreto 754, no tiene relación con la consulta previa, libre e informada.

Y reiteró que el derecho a la consulta previa, libre e informada ha sido desarrollado en sentencias de la Corte Constitucional con el fin de se legisle ese derecho, pero a su juicio la Asamblea no le ha dado la importancia adecuada.

"Este no es un debate antiextractivista, sino un debate que afecta a todas las industrias del Ecuador. En ese sentido, pedimos que se revoquen las medidas cautelares", dijo Chang.

En respuesta a una consulta de la Corte, Chang dijo que no conoce en específico cuántos proyectos, de los 178 paralizados, afectan a comunidades indígenas.

Aseguró que el Ministerio de Energía y Minas sí ha realizado consultas previas en proyectos de recursos no renovables.

Yajaira Curipalo, delegada de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Pastaza, aseguró que el decreto anula el derecho a participar y ser consultados de campesinos y otras personas que trabajan en comunidades rurales.

Según Curipalo, también se afecta el derecho al agua y a vivir en un ambiente sano, así como el derecho a una vida libre de violencia.

"La imposición de reglamentos va acompañado de la militarización de territorios", dijo Curipalo.

Añadió que los daños que puedan producirse por la aplicación del reglamento son "irreparables".

En respuesta a la Corte, aseguró que en las consultas no se está cumpliendo con estándares para su aplicación, como tiempos adecuados y uso de lenguas maternas.

Rafaella Uzcátegui, por parte de la Procuraduría General del Estado, dijo que con la admisión de la demanda no se dimensionó el impacto que ocasionaría con la suspensión de cientos de proyectos, con lo cual se están violando otros derechos constitucionales.

Recordó, por ejemplo, que con la paralización de obras hospitalarias, se está violando el derecho a la salud.

De igual manera, con otros proyectos se estaría violando el derecho a vivir en un ambiente sano y el acceso a servicios básicos, como la electricidad, aseguró Uzcátegui.

El ministro del Ambiente, José Dávalos, aseguró que sí hubo conocimiento de la consulta prelegislativa, contrario a lo que se alega en la demanda.

"Tan conocida era que incluso los demandantes publicaron un comunicado en redes sociales rechazando la invitación a la consulta prelegislativa",  recordó Dávalos.

Y añadió que no es posible obligar a las comunidades al "ejercicio de un derecho".

Según Dávalos, la consulta ambiental no sustituye la consulta previa, libre e informada, exclusiva para pueblos y nacionalidades indígenas.

Recordó que no solo se está obstruyendo la realización de obras públicas, sino inversiones por más de USD 2.000 millones en 15 proyectos, firmados con el Estado.

Dávalos añadió, en respuesta a una consulta de la Corte, que el decreto 754 no regula un derecho, sino que desarrolla un derecho ya regulado en el artículo 184 en el Código Orgánico del Ambiente, sobre la participación ciudadana.

Según el ministro de Ambiente, son 178 proyectos los que están en pausa por la demanda, de sectores como: camaronero, salud, construcción, minería metálica y no metálica, turismo.

Adicionalmente, estarían detenidos dos rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, 40 gasolineras y proyectos para transmisión de electricidad, entre ellos, la electrificación de camaroneras.

Dávalos reconoció que es necesario proponer al Legislativo una ley para la consulta previa, libre e informada. Y además, establecer en qué etapa debería aplicarse.

Sobre los proyectos que afectan a comunidades indígenas, Dávalos justificó a la Corte que no es competencia de la cartera de Ambiente la aplicación de la consulta previa, libre e informada.

Pero admitió que la Constitución es clara y se requerirá de la consulta previa, libre e informada para aquellos proyectos que impactan a pueblos indígenas. "Lo ideal es que ambas (consultas) se realicen", respondió Dávalos a la Corte.

Yolanda Salgado Guerrón, en nombre del secretario general jurídico de la Presidencia de la República, Juan Pablo Ortiz, dijo que la consulta ambiental ya fue normada por el Legislativo y que, a raíz de eso, se emitió el Decreto 754.

"Se trata de una mera inconformidad en el procedimiento de cómo se ha llevado a cabo la consulta prelegislativa", añadió Guerrón.

Según Guerrón, la demanda confunde la consulta ambiental con la consulta previa, libre e informada.

La representante de la Secretaría Jurídica recordó que hay más de 100 proyectos paralizados, entre ellos cuatro hospitales, ubicados en las provincias de Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

Por eso, a su juicio, el debate no puede reducirse a dos proyectos mineros.

Cristina Melo, en representación de la Fundación Pachamama, recordó que la consulta ambiental requiere de una ley orgánica para su aplicación, según la Constitución.

El decreto "desvirtúa el derecho humano a la consulta previa, libre e informada" , dijo Melo.

José Valenzuela Rosero, director del Centro de Derechos Humanos de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE), recalcó que el decreto es inconstitucional.

Daniel Espinosa, abogado de la Conaie, añadió que el decreto no hace distinción entre la consulta previa, libre e informada,  y la consulta ambiental.

La consulta previa, recordó Espinosa, es un derecho exclusivo de las comunidades indígenas.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, subrayó que el decreto viola el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas.

"La consulta ambiental está siendo aplicada sin garantías y violando el derecho a la participación", dijo Iza.

Mario Melo, por parte de la Confenaie, respondió a la Corte que los procesos que se están llevando a cabo son "meros trámites" que no están cumpliendo con el derecho de participación de los pueblos indígenas.

En respuesta a una consulta de la Corte, Valenzuela agregó que las comunidades indígenas no fueron debidamente contactadas para las consultas ambientales.

"El decreto pretendió cumplir con la sentencia del caso Manglares, pero lo hace mal" , añadió Melo antes finalizar la audiencia.

Y explicó que la Corte estableció que los procesos de consulta a las comunidades indígenas tenían que ser aplicados bajo los estándares de la consulta previa. "Esto es un nuevo reglamento con el mismo defecto de inconstitucional", añadió Melo.