La oferta de la controversial constructora brasileña para reparar el reservorio de agua, que integra el trasvase Chongón-San Vicente, fue de USD 5,3 millones, una suma que superó en USD 1,2 millones a lo que se había presupuestado originalmente.
Un informe borrador de la Contraloría General del Estado revela que hubo al menos cuatro irregularidades en el contrato de reparación de la represa San Vicente, parte esencial del proyecto hídrico Chongón-San Vicente, localizado en la península de Santa Elena.
Las inconsistencias comenzaron en 2012, cuando el entonces Secretario Nacional del Agua, Walter Solís, hoy prófugo, aprobó la adjudicación del contrato para la reparación de la represa.
La oferta de Odebrecht fue de USD 5,3 millones, superando al precio referencial y presupuestado por el gobierno de Rafael Correa, que era de USD 4,1 millones.
En el borrador de Contraloría también aparece el nombre de Equitransa, empresa mencionada en el archivo Verde Final e investigada por supuestos aportes ilegales a las campañas electorales de Alianza PAIS entre 2012 y 2016.
PRIMICIAS resume las cuatro irregularidades del contrato de reparación de la represa San Vicente.
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Odebrecht presenta oferta rara
Según el informe borrador de Contraloría, Odebrecht justificó que su oferta era más alta porque "usaría equipos especializados importados". En el monto total incluyó gastos de transporte marítimo, tasas, seguros e impuestos de importación.
Pero en el informe final de la oferta no consta la maquinaria a utilizarse, ni la justificación del presupuesto extra de USD 1,2 millones.
La auditoría a la obra determina que la Comisión Técnica no analizó los formularios y requisitos completos al momento de la adjudicación del contrato.
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Subcontratación de empresas sin autorización
Trabajos de remoción de tierras en la represa San Vicente (Santa Elena).
En el proceso de reparación del embalse San Vicente, la brasileña Odebrecht subcontrató al menos cinco empresas, sin autorización de Senagua o la Empresa Pública del Agua (EPA).
Una de ellas es Power Inversiones Panamá, que no tiene RUC (Registro Único de Contribuyentes) ni está registrada en el Servicio de Contratación Pública (Sercop).
También consta Equitransa, proveedora de Odebrecht y dedicada al alquiler de equipos para remoción de tierras.
El monto entregado a esta compañía guayaquileña no pudo ser determinado por la Contraloría, puesto que Odebrecht alegó que se trataba de "información comercial confidencial".
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Reajuste de costos sin justificación
La contratista brasileña presentó cinco planillas por cobrar con valores injustificados y dos facturas más con reajustes en el costo final de la obra. El rubro total fue USD 6,4 millones.
"En varios de los rubros se evidencian cantidades que presentan inconsistencias", apunta el informe borrador de Contraloría.
Es decir, el Gobierno anterior canceló unos USD 583 mil extra a Odebrecht a pesar de que las planillas no cumplían con especificaciones técnicas.
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Una pantalla irregular
Walter Solís fue Secretario Nacional del Agua hasta 2015. Tiene una nueva acusación, por el caso Reconstrucción de Manabí.
Otra de las irregularidades es un contrato complementario por USD 1,6 millones, suscrito entre la Senagua y Odebrecht en febrero del 2014.
El monto fue destinado a la colocación de una pantalla o cortina plástica para impedir filtraciones en la represa.
Pero la auditoría determinó que había rubros sin justificación por más de USD 402 mil. Tampoco se encontró una hoja de detalles técnicos que avalara la contratación.
A pesar de ello, el Fiscalizador de la obra autorizó el pago.
Proyecto dudoso
El trasvase Chongón-San Vicente fue el primero de los seis proyectos hídricos construidos en el gobierno de Rafael Correa. Tuvo un costo total de USD 39 millones.
Fue inaugurado en 2014 y, luego de la reparación del reservorio de agua San Vicente, se anunció como la salvación para 85 mil habitantes de Santa Elena, porque tendrían agua para riego y, a la vez, un sistema de control de inundaciones.
"Nada de esto ha pasado, recordemos lo que sucedió en el último invierno con la pérdida de cultivos e inundaciones", dice Rodney Martínez, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño (Ciffen).
Para este experto, el gobierno anterior gastó millones en proyectos de obra gris, en lugar de atacar los verdaderos problemas de la zona.
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