El procurador general del Estado Íñigo Salvador, informó que uno de los primeros acuerdos dentro del proceso de reparación es la definición de los ejes que este acuerdo debería incluir. Estos son: establecer los parámetros reparatorios, cuantificar rubros y definir el procedimiento de reparación.
Según el procurador, en una segunda reunión que se realizará entre el lunes 22 y el viernes 26 de julio de 2019, se propondrá la metodología de la negociación pero la misma deberá incluir los parámetros antes mencionados, así como “un marco temporal de cumplimiento de lo acordardo”.
Según Salvador, esta reunión ocurre gracias a las intenciones de transformación manifestada por la constructora con el propósito de recuperar la confianza, tras las prácticas corruptas que desplegó en la región.
Felix Martins, representante de Odebrecht para América Latina, recordó el reconocimiento de los “errores cometidos por la empresa en el pasado” y “el compromiso que la compañía tiene para la cooperación eficaz, así como para alcanzar una reparación al Estado“.
El miércoles 10 de julio de 2019, se instaló en el edificio de la Procuraduría General del Estado una reunión reservada entre autoridades de control ecuatorianas y ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht.
En esta cita inicial estuvieron en representación del Estado ecuatoriano la fiscal general, Diana Salazar; el secretario anticorrupción, Iván Granda; el procurador, Íñigo Salvador y el contralor Pablo Celi.
En tanto que en representación de la constructora estuvieron los ejecutivos Sebastián Valle, Felix Martins y Thiago Ribeiro.
Una de las primeras resoluciones que se alcanzó es que la vocería en las negociaciones estará a cargo del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, y se difundirá mediante comunicados de prensa.
El propósito de esta reunión es fijar un cronograma para las negociaciones de reparación económica y social, aunque no se ha establecido ningún plazo.
Se conoció que fue Odebrecht la que buscó el acercamiento para recuperar su imagen, afectada por su esquema de corrupción desplegado en Latinoamérica.
El objetivo del Estado es alcanzar una reparación integral que incluya el pago por coimas, sobreprecios, así como las fallas que presentan las obras que ejecutó la empresa, así como otros daños generados por las irregularidades cometidas por la compañía en la obtención, contratación y ejecución de obras en el país.
La negociación no involucra los procesos legales que lleva adelante el Estado.
En el caso ecuatoriano se presume que Odebrecht entregó coimas a altos funcionarios para lograr los contratos, además de que muchas de su obras tuvieron sobreprecios, no cumplieron con los plazos y estuvieron mal hechas.
Odebrecht tuvo participación en una decena de grandes proyectos de obra pública en el país.
Entre ellos destacan el aplanamiento del terreno donde debía construirse la Refinería del Pacífico, el Poliducto Pascuales-Cuenca, el Acueducto La Esperanza, la hidroeléctrica Manduriacu, el Metro de Quito, la Ruta Viva, entre otras.
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