Gobierno analiza futuro de las cocinas de inducción en 2021

Esta por terminar ya el periodo previsto para el subsidio al Programa de Eficiencia Energética para las personas que utilizan cocinas de inducción, duchas o calefones eléctricos, desde septiembre de 2014.

Desde diciembre de 2020 ya no habrá más subsidio en la tarifa eléctrica en los casos ya mencionados. El Gobierno está analizando, con base en un estudio de costo beneficio, la posibilidad de extender en 2021 este subsidio.

Según el Ministerio de Energía, el Estado ha destinado USD 20 millones para financiar el subsidio entre enero y julio de 2020. El año anterior este rubro ascendió a USD 36 millones.

El promedio anual del costo del subsidio ha sido de USD 30 millones.

Eso permitió que 2.264.827 personas o unos 631.008 hogares se acogieran al programa gubernamental de cocinas de inducción entre enero y julio de 2020.

Esa cifra es 0,6% menor a la registrada en 2019, cuando fue de 635.000 familias.

Y muy inferior a los 3,5 millones de cocinas de inducción que el gobierno de Rafael Correa prometió instalar entre 2015 y 2017, más la instalación de otros 1,5 millones de cocinas, entre 2018 y 2022, según el Plan Maestro de Electrificación 2013-2022.

Promesa electrizante

Se trata, en el fondo, de una promesa que comenzó con el gobierno de Correa, que buscaba llevar a los hogares ecuatorianos a reemplazar las cocinas y los calefones movidos a GLP por aparatos eléctricos.

La administración de Correa confiaba en que la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, como Coca Codo Sinclair (1.500 megavatios) y Sopladora (487 megavatios), bastaría para generar la suficiente electricidad barata como para reemplazar al GLP, que en su mayor parte es importado.

Era uno de los pilares del llamado plan para el cambio de la matriz energética. Pero el plan parece haberse estancado.

Las cifras del Ministerio de Energía señalan que del total de las cocinas de inducción en el país, el 90,7% o unas 572.324 fueron comercializadas por fabricantes y casas comerciales.

Mientras que el 9,3% o unos 58.648 kits de inducción (cocina y el juego de ollas) fueron gestionados por el Estado.

La caída en el beneficio del subsidio obedece a que varios ciudadanos se cambiaron de casa durante la pandemia y no pidieron la renovación del incentivo tarifario en su nueva vivienda.

Miles de cocinas guardadas

El Ministerio de Energía reporta que existen 77.497 cocinas de inducción en una bodega de 5.500 metros, ubicada en el kilómetro 22,5 de la vía Perimetral, en Guayaquil.

El cargamento significó un gasto de USD 11 millones.

Esas cocinas, que fueron importadas por el Estado, son asignadas a las familias que están dentro de los proyectos sociales como el programa de vivienda Casa para Todos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi).

Las cocinas tipo encimera (sin horno) también son entregadas a familias de escasos recursos y a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH).

PRIMICIAS accedió a los informes de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), que es la institución que administra el Programa de Eficiencia Energética.

En esos informes se establece que los aparatos eléctricos, que están en bodega desde enero de 2020, se hallan en buenas condiciones.

Los documentos de CNEL evidencian el interés de la ciudadanía por los kits de inducción durante 2020.

En enero de 2020, había 85.000 cocinas de inducción en la bodega de Guayaquil y la cifra se redujo a 77.497 hasta noviembre de 2020. Es decir, en 2020, 7.505 kits de inducción fueron despachados para su comercialización.

Pero en ese lugar también hay ollas y hornos.

Según el informe del CNEL, hasta la semana pasada había 32.200 ollas y 303 hornos embodegados.

Según el sistema del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), en enero de 2020, el Gobierno contrató a empresa LogisTCS para el arrendamiento, custodia, seguridad y mantenimiento de las cocinas de inducción por USD 60.000 mensuales. El contrato vence en diciembre de 2021.

El valor baja si se compara con el contrato anterior. Hasta diciembre de 2019, el Gobierno tenía un contrato de las mismas características -con otro proveedor- por un monto cercano a los USD 120.000 mensuales.

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