El Gobierno intenta convencer a los transportistas pesados para que reemplacen el diésel por gas natural, como parte del proceso para retirar el subsidio a largo plazo.
Uno de los pasos que Ecuador da para eliminar, a largo plazo, el subsidio al diésel es la propuesta de reemplazar este combustible por gas natural seco para mover el transporte pesado, comenzando por la provincia de Guayas.
El ministro de Energía, René Ortiz, dijo a PRIMICIAS que el objetivo cambiar el diésel por un combustible menos contaminante y más barato, como el gas natural.
Es parte de la estrategia para eliminar el subsidio al diésel. Por el momento, Ecuador ha puesto en marcha una banda de precios para la gasolina Extra y el diésel, pero se trata de un mecanismo de transición.
La banda, que fue adoptada el 17 de mayo de 2020, busca controlar de manera progresiva el subsidio a los dos combustibles.
Un convertidor
El ministro Ortiz asegura que mediante un kit convertidor los motores de combustión interna a diésel pueden moverse con gas natural.
Los kits convertidores serían importados por empresas privadas y cada uno de los transportistas deberá instalarlos en sus vehículos, según el ministro Ortiz. Este sistema funciona en países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y en Europa.
Ecuador solo cuenta con un campo que produce gas natural, se trata de Amistad en el Golfo de Guayaquil, aunque ya está en declive.
El gas natural seco al que se refiere Ortiz sería importado y estaría constituido en su mayor parte por metano.
Podría importarse utilizando el gasoducto que conecta a Amistad con la termoeléctrica estatal Termogas Machala o a través de la terminal de Monteverde, que fue construida originalmente para la importación de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
En un escenario de reducción o levantamiento de los subsidios al diésel, el ministro Ortiz dice que Ecuador podría optar por dos tipos de medidas paliativas:
- Ayudas arancelarias para que los dueños de las unidades no suban las tarifas del transporte.
- Un subsidio directo a los usuarios del transporte público. El objetivo sería congelar las tarifas para los grupos vulnerables y para los estudiantes.
Nadie quiere diésel
Los dirigentes de los gremios de transportistas consultados por PRIMICIAS dicen que no han hablado con el Gobierno sobre la opción para adaptar un convertidor a los motores de sus unidades.
Uno de ellos es el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Pesado (Fenacotrape), Ángel Macías Suárez.
El dirigente dijo que no les han informado sobre las ventajas de reemplazar el diésel por el gas natural y aprovechó para quejarse del incremento en el precio del galón del diésel durante los dos últimos meses, de USD 1 a USD 1,088.
Macías dice que el impacto de la subida de precio (dentro de la banda) no se nota aún porque la economía y la demanda de combustibles no se ha reactivado del todo.
Según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr), el consumo de diésel en el sector automotriz fue de apenas 66,5 millones de galones en julio.
Eso significa un 22,1% menos que el mismo mes de 2019.
El presidente de la Federación Nacional de Transporte liviano, mixto y mediano del Ecuador, Napoleón Cabrera considera que en vez de potenciar un convertidor de diésel a gas natural, el Gobierno debería impulsar el transporte eléctrico.
Cabrera agrega que, una vez superada la emergencia sanitaria, se disparará el consumo del diésel en el sector automotriz y hasta ahora no sabe qué compensaciones ofrecerá el Gobierno para reducir el impacto de la liberación parcial de los precios del diésel y la gasolina.
Mientras que el presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, Abel Gómez, lamentó que el Gobierno no socialice esta alternativa para reemplazar el diésel, que ayudaría a “reducir la contaminación”.
Gómez reconoció que cambiar el tipo de combustible implica no solo instalar un convertidor, sino adaptar todo el sistema de combustión del vehículo.
En lo que coinciden Macías, Cabrera y Gómez es en no descartan la paralización de actividades si no les ofrecen compensaciones por la subida de precio del diésel.
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