Solo tres proyectos públicos adjudicados a inversionistas privados

Del portafolio de 42 proyectos públicos por USD 30.000 millones que lanzó el gobierno de Guillermo Lasso hace año y medio para captar inversión privada, solo uno llegó a la firma del contrato y dos fueron adjudicados.

Otros siete proyectos están en licitación y se espera que sean adjudicados entre 2023 y 2024. Y hay 20 proyectos más aún en estudios que se concesionarán a inversionistas privados.

Finalmente, en portafolio hay 11 proyectos bajo la figura de Alianza Público Privada, que están a la espera de la emisión de un reglamento que dé certezas jurídicas a los inversionistas, dice Roberto Salas, secretario de Inversiones Público Privadas.

Esto como una opción ante la negativa de la Asamblea Nacional de apoyar las reformas que envía el Gobierno de Lasso.

Hace un año, precisamente, los asambleístas, archivaron el proyecto de ley de inversiones.

El reglamento se emitirá en las próximas semanas, añade Salas, en entrevista con PRIMICIAS.

Ecuador buscaba inversión privada por USD 30.000 millones. Transcurrido un año y medio de ese anuncio, ¿qué se ha conseguido?

Tenemos un contrato de generación de electricidad ya cerrado, que es el de El Aromo, que es un proyecto fotovoltaico. Y el proyecto Villonaco II y Conolophus, que son también de generación de energía renovable, están por firmarse.

Esos tres proyectos implican inversiones por USD 388 millones.

Una vez que los contratos de estos proyectos se firmen, en pocos meses comenzarán las obras y a sentirse los beneficios, como la generación de empleo.

¿Cómo avanzan otros proyectos que están en licitación?

Hay otros siete proyectos petroleros que, si bien no son APP, son de gestión delegada, a través de concesiones a empresas privadas.

Estas obras están en licitación abierta e implican inversiones por USD 6.018 millones, que se adjudicarán entre 2023 y 2024.

Por ejemplo, el proyecto para generar electricidad, llamado Bloque de Energías Renovables No Convencionales, ha sido exitoso. Este proyecto prevé la instalación de 500 megavatios, pero hubo interés para instalar hasta 700 megavatios.

En este concurso, ya existe una recomendación de adjudicación y el contrato podría firmarse en el segundo semestre de 2023.

Pero además de estos proyectos, hay otros 20 que están en proceso de estudios de prefactibilidad y factibilidad.

¿Cuáles son los que están en estudio?

Hay proyectos en el área de hidrocarburos, electricidad, puertos y salud para lanzar su licitación en 2024. Esos proyectos significan inversiones de USD 13.000 millones.

Además, como parte de la estrategia de delegación de proyectos a empresas privadas, están los mineros.

Hay siete proyectos de pequeña y gran minería en los que se iniciará la construcción de minas entre 2023 y 2024. Estas concesiones mineras plantean inversiones de USD 5.700 millones hasta 2025.

Con todo eso, tenemos un total de 37 proyectos en desarrollo, entre los que están adjudicados, en licitación y en estudio, y las concesiones mineras, que traerán inversiones de USD 26.000 millones.

Estas son concesiones para la inversión privada, pero ¿qué proyectos están contemplados como Alianzas Público Privadas y qué avances hay?

Hay en carpeta alrededor de 12 proyectos bajo la figura de Alianza Público Privada; por ejemplo, el Puerto de Esmeraldas, que es importante con miras a la exportación minera, considerando que hay concesiones a gran escala en el norte del país que necesitarán esta infraestructura.

Está también el proyecto de generación hidroeléctrica Cardenillo, que demanda inversiones de USD 1.300 millones. Su licitación se lanzará en mayo.

La licitación del proyecto hidroeléctrico Cardenillo será lanzada en mayo.

¿Cómo frena estos proyectos la falta de una Ley de inversiones, que fue archivada por la Asamblea hace un año?

Después del archivo de del proyecto de ley de inversiones, comenzamos un trabajo con el Banco Mundial para elaborar un reglamento robusto y potente para ayudar a que los nuevos proyectos de Alianzas Público Privadas tengan más credibilidad y puedan conseguir financiamiento en el mercado internacional.

El reglamento será presentado a la Presidencia en estos días y se emitirá en pocas semanas. Este documento facilitará una tercera ola de Alianzas Público Privadas.

La primera ola data de 1996, cuando se concesionaron vías; en especial, la Riobamba-Rumichaca.

La segunda es de 2015, cuando se aprobó la Ley APP y se impulsaron cinco proyectos, incluidos puertos.

¿Qué cambios trae ese reglamento?

Ecuador no ha podido hacer ningún proyecto de Alianzas Público Privadas en los últimos cinco años; esto es, desde 2017. El nuevo reglamento propone unos ahorros de pasos para mejorar los tiempos. Pero sin generar falsas expectativas.

El estándar internacional establece que la estructuración de un proyecto pequeño lleva 12 meses y uno grande, 33 meses. Esos tiempos son necesarios para garantizar procesos serios para que puedan conseguir financiamiento.

Además, se prevé que en los contratos se establezca la metodología para resolver los conflictos entre las partes. Hay una serie de mecanismos para identificar riesgos, cuantificarlos y resolverlos.

Otro punto del reglamento es que regula formas de pago cuando el Estado acumula deudas con el inversionista, para que esas obligaciones no se queden sin resolver; por ejemplo, a través de fideicomisos.

Y se incluyen políticas anticorrupción para los procesos de licitación de los proyectos públicos.

¿Cómo ha afectado el riesgo país y la incertidumbre política a los planes del Gobierno para captar inversión privada?

La crisis política ha generado muchas consultas de inversionistas, pero con el reglamento que está por emitirse se ha tratado de mitigar los riesgos para la inversión.