La designación de las nuevas autoridades es parte de la nueva Ley de Defensa de la Dolarización, aprobada en abril de 2021.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, remitió a la Asamblea los candidatos para conformar la Junta de Política y Regulación Monetaria, y la Junta de Política y Regulación Financiera.
Para conformar la Junta de Política y Regulación Monetaria están:
- Pablo Andrés Guerrón Quintana, exconsultor del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- María Paulina Vela Zambrano, exfuncionaria del Banco Central del Ecuador.
- Gustavo Paúl Solórzano Andrade, exdirector del Centro de Investigaciones Económicas de la Espol.
Para la Junta de Política y Regulación Financiera los candidatos son:
- Galo Mauricio Valencia Stacey, exjefe de despacho de la Alcaldía de Quito entre 2014 y 2015.
- Rosa María Herrera Delgado, exfuncionaria de la Superintendencia de Bancos.
- Marcos Giovanny López Narváez, actual delegado del presidente Lasso en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
La designación de las nuevas autoridades se estableció en la Ley de Defensa de la Dolarización, que reformó el Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf).
La normativa fue uno de los compromisos adquiridos por Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de un acuerdo firmado en 2020.
En esa norma se definió, entre otras cosas, que la actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se divida en dos:
- La Junta de Política y Regulación Monetaria se encargará de formular la política monetaria y el Banco Central se encargará de instrumentarla. Además, la junta se encargará de definir la política de inversión de las reservas internacionales.
- La Junta de Política y Regulación Financiera establecerá la política en los ámbitos crediticio, financiero, de seguros y valores, como el sistema de tasas de interés máximas para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero.
Las dos juntas son parte de la Función Ejecutiva y cada una estará conformada por
tres miembros, que serán profesionales técnicos con amplia experiencia en los ámbitos
de su competencia y sin conflictos de intereses.
Ahora, el Legislativo deberá pronunciarse en un plazo de hasta 15 días. Si la Asamblea no toma una decisión, las personas designadas serán las propuestas por el presidente de la República.
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