El exdirector del SRI, Francisco Briones, explica que el problema del lavado de activos no está en las compras pequeñas, sino en las actividades donde se mueven grandes sumas de dinero como la construcción y otras.
El gobierno de Daniel Noboa aspira a terminar la práctica de las facturas de consumidor final como una de las estrategias para que no haya tráfico de dinero ilícito en el país.
Lo anticipó el 20 de diciembre e 2023 la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, al señalar que el Gobierno Central se ha propuesto "perseguir" el dinero que financia las estructuras criminales que operan en el país.
Y eso incluye un trabajo conjunto entre las distintas entidades públicas en el seguimiento del dinero de las estructuras criminales, indicó Palencia. Y eso incluye al Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas y otras.
"La persecución del delito no solo es en las calles, es también en el financiamiento", expresó la ministra del Interior.
Pero ¿cuánto ayuda que se elimine la facturación para consumidor final en esta lucha contra las actividades ilícitas? El exdirector del SRI, Francisco Briones, explica que el problema no está en las compras pequeñas, sino en las actividades donde se mueven grandes sumas de dinero como la construcción y otras.
¿Qué tanto ayudaría al lavado de activos el eliminar la figura de consumidor final para la emisión de facturas, notas de venta y otros comprobantes tributarios?
Los sistemas de control, como la solicitud de datos de una persona para la emisión de comprobantes de venta, facturas o notas de venta, ayudan a la formalización de los negocios. Por otro lado, esta información ayuda al SRI para hacer los controles no tanto a los negocios que emiten estos comprobantes, sino a las personas que hacen los consumos. Y, de esa forma, que el SRI tenga más información y mejore sus modelos de riesgo en el pago de impuestos.
Actualmente, los negocios pueden entregar facturas como consumidor final por compras de productos o servicios menores a USD 50. El resto debe poner obligatoriamente los datos del consumidor.
Eliminar ese tope y, con ello, la facturación como consumidor final como mecanismo de lucha del lavado de activos pasa por una incomprensión de los verdaderos problemas o actividades económicas donde se ejecutan este tipo de transacciones ilícitas e ilegales de lavado de activos.
Eliminar la facturación como consumidor final para la lucha del lavado de activos pasa por una incomprensión de los verdaderos problemas.
¿Y cuáles son esas actividades más propensas al lavado de activos?
Las figuras de lavado de activos se hacen con grandes volúmenes de dinero, no se hace comprando en la panadería o haciendo carreras de taxis.
Y esos grandes volúmenes de dinero se mueven en sectores como la construcción y ahí la factura es obligatoria, pues obviamente no hay ningún bien inmueble que se venda en menos de USD 50.
Grandes volúmenes de dinero se mueven en sectores como la construcción.
Más bien lo que se tiene que buscar mecanismos de control e intercambio y cruce de información con la UAFE que es la que conoce este tipo de mecanismos y en los sectores que son más propensos para lavar dinero. Y ahí se tomen las medidas.
¿Qué consecuencias puede tener el eliminar la facturación como consumidor final para ciertos sectores para los que es difícil emitir una factura por cada venta del servicio, como el taxismo?
Hay sectores para los cuales es difícil entregar una factura a cada cliente, como los taxis o los buses.
Para eso, nosotros simplificamos el proceso y ellos pueden emitir una sola factura por mes de todas las ventas. Sobre todo porque son valores pequeños y, en ese sentido, buscamos la simplicidad.
¿Podría conducir a una mayor informalidad o desincentivo para que algunos sectores se formalicen?
Es complejo. En otros países como Estados Unidos no solicitan facturas con datos, sino comprobantes sin datos. En el mundo, inclusive, no es algo tan utilizado buscar este tipo de información.
Pero el problema en Ecuador es que hay mucha informalidad y con poca información. Por eso, estamos buscando cómo obtener información.
El control será complejo. Ahora, controlar que se emita el comprobante de venta ya es complejo para el SRI. No hay capacidad operativa ni tecnológica para hacerlo. Ponerse a controlar que el documento se emita con datos será muy complejo, a menos que haya una multa. Habría que ver bien si será posible controlar.
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