Siguen apareciendo más enredos en la historia de las inversiones del dinero del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Ahora surgen indicios de operaciones irregulares con dos empresas relacionadas.
El escándalo que tiene como protagonista al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) cada vez suma más capítulos.
A las oscuras operaciones con el intermediario financiero conocido como Jorge ‘El Mago’ Chérrez y a las inversiones fallidas en papeles de las empresas Ecuagran y Delcorp, se añaden los impagos de la empresa Credimétrica en el mercado de valores.
El caso Credimétrica deja al descubierto una nueva operación irregular en el drama financiero del Isspol.
Ahora se trata de una cesión de derechos fiduciarios, en la que el Isspol pagó USD 1,5 millones a la firma Credimétrica, en 2015.
Credimétrica se dedica a la prestación del servicio de generación de cartera desde 2004.
Un derecho fiduciario es un instrumento de inversión a través del que un inversionista adquiere un derecho o una participación sobre un conjunto de bienes, en este caso se trata de un Fideicomiso Cartera de Largo Plazo.
Pero “según el reglamento de inversiones y el marco legal, no le es permitido al Isspol hacer este tipo de inversiones de cesión de derechos“, según lo advirtió en entrevista con PRIMICIAS, el 30 de septiembre, la superintendente de Bancos, Ruth Arregui.
El Isspol, así como todas las instituciones que manejan recursos para pagar pensiones y dinero del Estado, solo están autorizadas a hacer inversiones a través de títulos emitidos y registrados en el mercado de valores formal.
La razón es que “las instituciones que reciben fondos del Estado y del Ministerio de Finanzas tienen que privilegiar la seguridad antes que la rentabilidad”, como lo establece el Código Orgánico Monetario y Financiero, afirmó Arregui.
Prohibido, pero no importa
Las declaraciones de Arregui se referían a la cesión de derechos fiduciarios que hizo el Isspol a la Universidad UTE en 2017, en una operación por USD 7 millones.
Ricardo Hidalgo, rector de la UTE, ha dicho que fue el Isspol el que propuso a la universidad que le comprara sus derechos fiduciarios en un pacto de retroventa, lo que está prohibido por el Código Monetario y Financiero.
La cesión de derechos fiduciarios con Credimétrica fue firmada en septiembre de 2015 por el general David Proaño, quien se desempeñaba como director del Isspol en la época.
El 22 de octubre de 2020, el general Proaño fue suspendido de su cargo una oficina de coordinación de la Policía con otras instituciones del Estado, como el Servicio de Gestión de Riesgos, las Fuerzas Armadas y el servicio de emergencias ECU-911.
Ya en 2018 la Superintendencia de Bancos había solicitado al Isspol que se abstuviera de “realizar operaciones nuevas o renovaciones de Pacto de Recompra Cesión de derechos fiduciarios” y le pidió presentar un plan de desinversión de esas operaciones.
Pero Proaño no solo impugnó la disposición de la Superintendencia, sino que interpuso una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Primas cercanas
El 1 de diciembre de 2020, Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A, alertó a la Superintendencia de Compañías de un incumplimiento de Metricobranzas, que es una empresa relacionada con Credimétrica.
Según la administradora de fondos “el 11 de septiembre de 2015 se celebró el contrato de Administración de Cartera entre el Fideicomiso Cartera de Largo Plazo y Metricobranzas (…) En el referido contrato se establecieron las obligaciones de administrador de cartera, sin embargo, a la fecha Metricobranzas no ha cumplido con sus obligaciones“.
Metricobranzas y Credimétrica tienen a Arturo Vinueza como su gerente general y a Alfredo Ramos como su presidente.
Este medio consultó al Ministerio de Gobierno, cuyo titular es el presidente del Directorio del Isspol, por la situación actual de la cesión de derechos fiduciarios con Credimétrica, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.
En los últimos días Credimétrica también ha protagonizado otras irregularidades e incumplimientos con:
- Fideicomiso de garantía Credimétrica.
- Encargo Fiduciario Credimétrica II.
- Encargo Fiduciario Credimétrica III.
Los impagos de los últimos dos fideicomisos, en los que Credimétrica es el constituyente, ascendían a USD 5,3 millones al 1 de diciembre.
Deudométricas
Credimetrica tiene USD 311.250 en pagos pendientes por su primera emisión de obligaciones de largo plazo en bolsa, según el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale).
En 2019 Credimétrica emitió USD 3 millones en obligaciones de largo plazo, “que son valores representativos de deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las condiciones de la emisión”, explica la Bolsa de Valores de Quito (BVQ).
Por sus incumplimientos, Credimétrica ha enfrentado en los últimos meses el deterioro de su calificación de riesgo y la suspensión de su inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores.
En un inicio la emisión de obligaciones obtuvo una calificación de riesgo AA+ otorgada por la empresa Global Ratings. Pero el 12 de junio de 2020 la calificación cayó a B – y quedó en observación o ‘credit watch’.
Ante eventos que puedan influenciar el cambio de riesgo de un valor determinado, la calificadora podrá usar la calificación en observación o credit watch, sostiene la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros (Crmfvs).
Apenas un mes y medio más tarde, el 28 de agosto, la calificación de riesgo de la emisión de obligaciones fue rebajada a C – también bajo el criterio credit watch.
Una calificación C corresponde a “los valores cuyos emisores y garantes tienen un mínimo de capacidad de pago del capital e intereses, en los términos y plazos pactados”, sostiene la Crmfvs.
Para finales de septiembre de 2020, la Superintendencia de Compañías resolvió suspender del Catastro Público del Mercado de Valores las inscripciones de Credimétrica y sus valores.
La suspensión de la empresa se debió a que “dejó de cumplir con uno o varios de los requisitos para la inscripción”.
Según la Ley de Mercado de Valores, la suspensión de una inscripción dura 30 días, pero en este caso la Superintendencia decidió prorrogar la suspensión por el plazo de dos meses.
“Vencido el plazo de la prórroga sin que hubieran sido subsanadas las respectivas causales de la suspensión, la Superintendencia de Compañías cancelará la inscripción, sin perjuicio de resolver la intervención o disolución de la compañía”, según la Crmfvs.
En medio de todas esas acciones la empresa no se ha pronunciado.
PRIMICIAS trató de contactar a los representantes de Credimétrica, a través del correo electrónico que se encuentra registrado en la Superintendencia de Compañías, pero no obtuvo respuesta.
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