La minería ilegal continúa en La Merced de Buenos Aires, pese a controles
Mineros ilegales insisten en tomar a la fuerza, nuevamente, la concesión Imba 2 en Imbabura, que pertenece a la minera Hanrine, en busca de oro y concentrado de plata.
Soldados del Grupo de Caballería Mecanizada Yaguachi durante un recorrido de control en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en enero de 2021.
Cortesía Fuerzas Armadas.
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La actividad minera ilegal en la concesión Imba 2, en la parroquia de La Merced de Buenos Aires, continúa incluso después de que el Gobierno desalojó en junio de 2019 a más de 5.000 mineros ilegales de esta zona en la provincia de Imbabura.
La concesión pertenece a la empresa Hanrine, subsidiaria en Ecuador de la minera australiana Hancock Prospecting.
Hancock no es una empresa dedicada a la extracción de oro sino de cobre, metal que se sospecha existe debajo del yacimiento de oro de La Merced de Buenos Aires.
Al contrario de la extracción de oro, la de cobre no puede hacerse a mano y suele ser una actividad de minería profesional a gran escala.
Vuelven una y otra vez
En la actualidad, personal de las Fuerzas Armadas realiza actividades de vigilancia y monitoreo en la concesión, pero los mineros ilegales insisten en regresar.
Imba 2 fue la zona más afectada por las actividades de minería ilegal de oro entre diciembre de 2017 y junio de 2019. Tanto que al sitio se lo conocía como ‘ciudad de plástico’, por los toldos fabricados con plástico negro que usaban los mineros para armar campamentos.
El coordinador zonal norte del Ministerio de Energía, Mauricio Almeida, dice a PRIMICIAS que la actividad minera ilegal se volvió a incrementar desde diciembre de 2020.
La Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente de la Policía Nacional reportó 27 detenidos en Imbabura el año pasado por realizar actividades mineras ilegales, sobre todo, en La Merced de Buenos Aires.
Los puntos de acceso ilegal
Almeida reconoce que las actividades ilícitas están lideradas por personas que provienen del sur del país, apoyadas por ciudadanos colombianos y venezolanos.
Son personas que ya fueron desalojadas de la zona, en junio de 2019.
Ingresan de manera irregular, durante las noches, para retirar material minero enterrado de la concesión, que se extiende a lo largo de 4.810 hectáreas.
"Al ser una zona amplia, las Fuerza Armadas tienen dificultades para realizar los controles", agrega Almeida.
Con información de inteligencia de la Policía y de las mismas Fuerzas Armadas, Almeida reconoce que se han detectado alrededor de 20 puntos de acceso ilegal (picas) a la concesión, especialmente por las zonas de San Gerónimo, Santa Catalina y Cahuasquí.
En enero de 2021 hubo dos intentos de ingreso masivo y a la fuerza a la concesión minera. Según Almeida, ambas incursiones fueron neutralizadas por la Policía y las Fuerzas Armadas.
El primer grupo estaba conformado por unas 600 personas y el segundo grupo era de cerca de 300 mineros.
"Aunque los grupos fueron desarticulados, hay aproximadamente 30 personas que merodean la concesión e intentan entrar para sacar material minero en la ciudad de plástico", dijo Almeida.
El objetivo de los mineros ilegales también es entrar a otras concesiones mineras en la provincia de Imbabura en busca de oro.
Almeida informa que los mineros han intentado ingresar, sin éxito, al proyecto de oro, cobre y de plata Cascabel, que está en fase de evaluación económica.
La concesión pertenece a la empresa australiana SolGold.
En Imbabura existen 39 concesiones mineras registradas en el catastro minero.
Hanrine no puede entrar
Desde antes de la invasión de mineros en la concesión Imba 2, en julio de 2019, la empresa Hanrine solicitó la suspensión de la concesión y luego detuvo sus actividades en el sitio, argumentando la inseguridad que corrían sus trabajadores por la presencia de grupos mineros al margen de la ley.
Hanrine no ha podido retomar sus actividades mineras en su concesión.
El Ministerio de Energía busca que la empresa minera retome sus actividades luego de eliminar la 'ciudad de plástico'. Tanto que en agosto de 2020, levantó la suspensión de las actividades en Imba 2.
Pero Hanrine apeló la decisión aduciendo que todavía no puede ingresar a la concesión, debido a la oposición de una parte de la población de la parroquia La Merced de Buenos Aires.
PRIMICIAS buscó una versión -vía telefónica- de los representantes de la empresa Hanrine, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo una respuesta.
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Informes de inteligencia de la Policía señalan que actualmente hay 2.000 mineros venezolanos en La Merced de Buenos Aires, unos 1.200 colombianos, 500 peruanos y, por lo menos, 2.000 ecuatorianos. La degradación ambiental es alarmante. Un informe oficial reservado de 2018 sobre la situación en Buenos Aires, al que tuvo acceso PRIMICIAS, ya advertía sobre la necesidad de detener el tráfico de armas, el lavado de dinero y el tráfico de combustibles, como la gasolina.
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