El Ministerio de Energía recibió información sobre la presencia de mineros ilegales en la llamada ‘ciudad de plástico’ en busca de oro y concentrado de plata.
El último intento de un grupo de mineros ilegales de acceder a los yacimientos de oro de la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, ocurrió el 6 de enero de 2021.
Los mineros ilegales buscan tomar a la fuerza, una vez más, la concesión Imba 2, que pertenece a la empresa Hanrine, subsidiaria en Ecuador de la minera australiana Hancock Prospecting.
Imba 2 fue la zona más afectada por las actividades de minería ilegal de oro entre diciembre de 2017 y junio de 2019. A ese sitio se lo conoció como ‘ciudad de plástico’ por los toldos fabricados con plástico negro que usaban los mineros armar sus campamentos.
Según un informe de la Policía al que accedió PRIMICIAS, el grupo de mineros ilegales buscaba posesionarse de los yacimientos de Imba 2, tanto en el sector de la mina nueva como en el de la mina vieja.
Intentaban recuperar las barras de oro y concentrado de plata que quedaron enterrados en la zona tras su desalojo por parte de las autoridades, según información extraoficial que ha recibido el Ministerio de Energía.
El coordinador zonal norte del Viceministerio de Minas, Mauricio Almeida, informó que este grupo de mineros estaba conformado por cerca de 400 personas.
De ese total, el 60% eran mineros informales provenientes de Colombia, Venezuela y Perú. El resto era del sur de Ecuador, de provincias como Loja y El Oro.
El último intento de los mineros ilegales de ingresar a la concesión fue impedido por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hace una semana.
El Grupo de Caballería Yaguachi de las Fuerzas Armadas realiza los controles diarios en el lugar.
El comandante del grupo, Samer Pulles, explica que existen cinco equipos de combate desplegados en la concesión minera para realizar los monitoreos y despejar la zona.
El gran desalojo
Desde julio de 2019, la fuerza pública tiene el control de la concesión minera, luego que el Gobierno declarara el estado de excepción.
Con ello, la Policía y las Fuerzas Armadas desalojaron a 10.000 personas vinculadas a la búsqueda y extracción ilegal de oro.
Hasta el momento, la empresa Hanrine no ha podido cumplir con las tareas de exploración inicial y con su plan de inversión, que originalmente debían concluir en 2019.
La concesión minera terminará en 2036 y a Hanrine no le interesa el oro sino el cobre, que se encuentra muchos metros más bajo el suelo y solo se puede extraer con maquinaria especial.
Según Almeida, Hanrine no retomó las actividades en el sitio pese a una disposición del Ministerio de Energía, del 17 de agosto de 2020, en la que levantó la suspensión de las actividades mineras en la concesión Imba 2.
Esa disposición fue apelada por Hanrine. En este momento, el ministro de Energía, René Ortiz, analiza si aceptará o negará el pedido de la empresa minera.
“En este momento existen las condiciones para retomar las actividades mineras en Imba 2”, asegura Almeida.
¿Quién hará la remediación ambiental?
Las actividades mineras ilegales en la zona de La Merced de Buenos Aires causaron un desastre ambiental, según el Ministerio de Energía.
Almeida explica que el Ministerio del Ambiente y Agua (MAE) tiene dos opciones para remediar los daños:
- El MAE puede autorizar la operación minera a Hanrine sin una remediación ambiental de por medio.
- O el MAE puede negar la operación minera a Hanrine, mientras el Estado no solucione los pasivos ambientales en Imba 2.
El coordinador zonal aseguró que los daños ocasionados por los mineros ilegales son mínimos si se considera el tamaño de la concesión Imba 2, que es de 4.810 hectáreas.
“Los mineros irregulares no se llevaron ni el 1% de las reservas de Hanrine, aunque este dato es preliminar mientras no termine la exploración avanzada”, dijo Almeida.
PRIMICIAS buscó las versiones de Hanrine y del Ministerio de Energía sobre la situación jurídica de la concesión minera, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo respuesta.
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