Un grupo de pobladores de La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, rechaza la presencia de una compañía minera. Un grupo destruyó dos campamentos de Hanrine el 25 de agosto.
El Ministerio de Energía levantó, el 17 de agosto de 2020, la suspensión de las actividades mineras en la concesión Imba 2, que pertenece a la empresa Hanrine, subsidiaria en Ecuador de la minera australiana Hancock Prospecting.
Imba 2 fue la zona más afectada por las actividades de minería ilegal que tuvieron como epicentro la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura.
Las actividades en la concesión fueron suspendidas el 19 de julio de 2019, después de que el Gobierno declarara el estado de excepción: en el lugar las autoridades identificaron 27 grupos dedicados a la minería ilegal y a delitos como el tráfico de armas y de químicos, y el lavado de dinero.
Luego de 13 meses, la suspensión fue levantada tras comprobarse in situ, según el Gobierno, que la concesión está libre de esos grupos.
La resolución del Ministerio de Energía asegura que ahora hay garantías para que Hanrine retome “las actividades laborales con normalidad por cuanto la presencia de actividad minera ilegal ya no existe”.
La zona, sin embargo, no está exenta de conflictos. Un grupo de pobladores ha activado una serie de reclamos por la presencia de la empresa concesionaria.
El último incidente terminó con el incendio de dos campamentos de Hanrine.
El 21 de agosto, los opositores a la minería se movilizaron en la parroquia para exigir la salida de la empresa.
Cuatro días después, y al comprobar que personal de la empresa seguía en el área de la concesión, un grupo de pobladores incineró los campamentos.
El incidente no dejó heridos ni pérdidas humanas.
Enojo popular
Según la presidenta de la Junta Parroquial de La Merced de Buenos Aires, Alexandra Benavides, luego de que el Gobierno desarticulara las actividades ilegales, las 1.800 personas que viven en la parroquia quedaron divididas.
Y se dividieron de la siguiente manera:
- Pobladores que organizaron para seguir con las actividades de minería ilegal.
- Pobladores que se organizaron para reclamar al Gobierno 300 hectáreas de la concesión de Hanrine.
- Pobladores que no quieren saber nada de la actividad minera en su parroquia.
- Pobladores que quieren que las actividades mineras legales sigan adelante.
El grupo más activo, integrado por mineros ilegales, es el que reclama las 300 hectáreas al Gobierno.
Como no reciben noticias sobre el tema de las hectáreas, dijo Benavides, ahora también promueven que no se permita la minería en la parroquia. Tampoco aceptan la presencia de Hanrine, que retomó sus actividades de prospección (búsqueda de cobre).
Ahora, los opositores se amparan en una resolución del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Urcuquí, tomada el 17 de agosto de 2020, para suspender las actividades mineras de Hanrine.
Una resolución que no tiene peso legal. Dos días después esa decisión del COE cantonal, el Ministerio de Energía la desestimó, argumentando que las competencias mineras son de responsabilidad del Gobierno Central.
Estos últimos incidentes son parte de un largo conflicto que ya lleva más de dos años en el área de Buenos Aires.
Hanrine envió al Estado numerosas alertas sobre la presencia de mineros ilegales en la concesión Imba 2: la última fue el 26 de julio de 2020, cuando la empresa instó al Gobierno para que impulse acciones penales contra los autores y promotores de la actividades de minería ilegal:
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