La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la Policía y las Fuerzas Armadas incautaron 1.100 bultos de material mineralizado en la zona de Buenos Aires, en Imbabura.
Ni la emergencia sanitaria ni el estado de excepción, para contrarrestar la propagación del coronavirus, detienen las actividades de minería ilegal en el país.
Otra vez, en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, se registran trabajos de minería ilegal, pese a que el Gobierno desmontó una serie de actividades irregulares dentro de esa concesión minera, a mediados de 2019.
La Arcom, la Policía y Fuerzas Armadas detuvieron a seis personas luego de un operativo conjunto en el acceso posterior de la zona de la mina Olivo, la tarde y noche del 30 de marzo.
Las personas fueron detenidas mientras transportaban y almacenaban minerales obtenidos de manera ilegal. Además, las autoridades de control incautaron equipos y herramientas así como 1.100 bultos de material mineralizado de oro.
El artículo 260 del Código Integral Penal sanciona “con pena privativa de libertad de 5 a 7 años” a quienes realicen actividades de minería ilegal.
Esta incautación se suma a otros incidentes vinculados con la actividad minera. El 28 de marzo, las instalaciones del campamento minero “La Esperanza”, del proyecto San Carlos Panantza, en Morona Santiago, fueron incendiadas y destruidas.
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