Este martes, 3 de agosto de 2019, un grupo de mineros marchó por las calles de la capital para pedir a los jueces “seguridad jurídica para realizar la actividad minera”, según dijeron.
Los integrantes de, al menos, cuatro asociaciones mineras y una decena de líderes comunitarios llegaron a la Corte para pedir que el máximo organismo de control constitucional no dé paso a los pedidos de consulta popular que buscan detener la minería a gran escala en Ecuador.
Están preocupados, dijeron, por la acción que inició el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, el 30 de julio.
Ese día, el funcionario azuayo entregó en la Corte una solicitud para que los jueces califiquen la legalidad de la pregunta que quiere llevar a consulta popular. Su objetivo es impedir la minería industrial en Azuay.
Los gremios que promueven el desarrollo de la minería justifican su pedido a la Corte, en el artículo 261, numeral 11 de la Constitución, que dice que los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales son de competencia exclusiva del Estado Central.
“Los gobiernos provinciales o locales no pueden interferir en este tema”.
René Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME).
Guillermo Godoy, vicepresidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, añadió que la Corte Constitucional, en lugar de detener la “minería responsable”, debe preocuparse por la minería ilegal.
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