Ese trámite, previo al inicio de cualquier obra o proyecto, puede tomar hasta 700 días. El ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, reconoce que es un vía de posible corrupción con funcionarios que aceleran o retrasan los plazos a su gusto.
El ministro participó, este 18 de noviembre de 2019, en la inauguración del XIV Encuentro Anual de Minería y Petróleo. Él habló sobre el calentamiento global y la necesidad que tiene el país de explotar los recursos naturales de forma sostenible.
PRIMICIAS habló con Ledesma sobre dos temas. El primero de ellos, el trámite de las licencias ambientales que se hacen en el ministerio de su cargo.
Estos permisos establecen la obligación que tienen los promotores de un proyecto, público o privado, de cumplir la normativa ambiental para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad pueda causar en el ambiente.
¿Cómo se hace el trámite de las licencias ambientales en Ecuador?
Están en un proceso de simplificación. Esperamos que el trámite pase de 700 días a 120 días, sin sacrificar el proceso de consulta previa y la participación social.
¿Por qué se reducen los tiempos?
La idea es combatir la corrupción. Los procesos deben ser transparentes y eficientes para que no se surjan consultores o se aceleren procesos con base en beneficios a funcionarios.
¿Cuándo estarán en vigencia los nuevos plazos?
En enero vamos a tener una propuesta para presentarla a todos los actores y esperamos tener una nueva simplificación. Los registros también deben pasar de seis meses a cuestión de un día o dos.
Ecuador incumple en el caso Sarayaku
El 13 de noviembre de 2019 representantes del pueblo Sarayaku, de la provincia de Pastaza, presentaron ante la Corte Constitucional una demanda por el incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se emitió hace siete años
El 27 de junio de 2012 la Corte Interamericana condenó al Estado ecuatoriano porque no respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada del pueblo Kichwa de Sarayaku cuando, en 1996, dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC).
Además, con la sentencia el organismo internacional ordenó al Estado el retiro de más de 1.400 kilogramos de pentolita (explosivo) enterrados en el territorio amazónico, en Pastaza.
¿Cuál es la postura del gobierno sobre la demanda en la Corte?
Todas las sentencias las respetaremos. Cualquier sentencia judicial nacional o internacional que llegue será respetada. Así lo ha dicho el presidente.
De acuerdo con nuestra competencia en medio ambiente debemos revisar las denuncias y, en este caso, verificar si existió un proceso de consulta previa. En caso de no haberlo se debe sancionar a quienes omitieron ese proceso y pedir que se realice.
Y, ¿qué pasó con el retiro de pentolina, cuyo plazo finalizó hace tres años?
Tenemos que revisar el informe y de acuerdo con eso tomar una decisión.
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