El ministro de Energía, René Ortiz, anunció que notificará a las dos empresas sobre la decisión de no autorizar el traspaso de la participación de Repsol en varios activos en Ecuador a la empresa canadiense.
Tras siete días de análisis, el Ministerio de Energía anunció que la empresa canadiense New Stratus Energy no cumple con los requisitos para comprar la participación accionaria de Repsol en dos campos petroleros.
La transacción propuesta por las dos empresas incluía el pago de USD 5 millones, en efectivo en dos cuotas.
Esto fue anunciado por el ministro de Energía, René Ortiz en la cuenta de twitter del Ministerio de Energía la mañana del 29 de octubre de 2020, luego de una entrevista con Radio Visión.
Ortiz señaló que el Gobierno no dará paso a la venta de los activos de la empresa española. La autorización del ministerio es un requisito clave para el traspaso de los activos de Repsol.
Según Ortiz, la decisión fue tomada después de que el Ministerio de Energía realizara un análisis jurídico, técnico y financiero del contrato que tiene Repsol en Ecuador, y sobre todo, un análisis de la empresa New Stratus Energy.
El 20 de octubre, New Stratus Energy firmó una carta de intención para adquirir la participación de Repsol de 35% en los bloques 16 y 67, en la provincia de Orellana, y una participación de 29,66% en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
“La nueva compañía no cumple con el principio más básico de tener una compatibilidad igual o mejor a la que ha desarrollado Repsol”, dijo Ortiz.
La negativa del Ministerio de Energía se basa en el Decreto Ejecutivo 1363, firmado por el entonces presidente de la República, Gustavo Noboa, en marzo de 2001.
En el documento se establece que, en ningún caso, la venta de los derechos y obligaciones del contrato podrá originar el deterioro financiero y la capacidad operativa de los servicios petroleros.
Por su parte, el presidente y director ejecutivo de New Stratus Energy, José Francisco Arata, dijo a PRIMICIAS que la empresa tiene “excelentes relaciones con importantes bancos de inversión que están prestos a otorgarnos préstamos cuando les presentemos proyectos con una rentabilidad atractiva”.
El ministro Ortiz reconoció que el Estado le debe al consorcio que tiene el contrato de los bloques 16 y 67, entre ellos Repsol, USD 350 millones por la tarifa que se le paga por extraer cada barril de crudo.
El contrato tiene una cláusula llamada ‘carry forward’ que implica que si el precio internacional del petróleo baja de cierto umbral, el Estado deja de pagar la tarifa a las operadoras de los campos petroleros y la deuda se acumula.
El Ministerio de Energía informó que, al momento, está en análisis la documentación y solicitud de las partes respecto a la transferencia de la participación indirecta en el OCP por parte de Repsol a New Stratus Energy.
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