La concesión de 15 años de Claro vence en agosto, mientras que la de Movistar culmina en noviembre. La Arcotel suspendió la renegociación de sus contratos en mayo.
A pocos meses de que termine el contrato de concesión a 15 años para las dos grandes operadoras privadas de telefonía móvil en Ecuador, la renegociación de los contratos se halla estancada.
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) suspendió el 24 de mayo de 2023, por 120 días, la renegociación de los contratos.
Esto porque, según la Arcotel, faltaba la valoración del espectro radioeléctrico, que deben hacerla Arcotel y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
También están pendientes al menos cuatro trámites con entidades del Estado para desbloquear el proceso de renegociación con Conecel, que tiene la marca Claro; y Otecel, que opera bajo las marcas Movistar y Tuenti.
Pero para cuando se cumplan los 120 días ya habrá finalizado el plazo de la concesión del Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel) para la provisión del Servicio Móvil Avanzado (SMA), pues el contrato fue firmado el 26 de agosto de 2008.
Conecel es una filial del grupo mexicano América Móvil.
Mientras que para Otecel, filial de la española Telefónica, el plazo de la concesión vencerá el 30 de noviembre, 15 años después de la firma del contrato.
Con 9,2 millones de líneas activas, Claro tiene una cuota de mercado de 52%. Mientras que Movistar, con 5,4 millones de líneas, tiene una participación de 30,5%.
La directora de Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Ecuador (Asetel), Patricia Falconi, recalca que el Estado debe asegurar la provisión de los servicios y recomienda que se deberían prorrogar los contratos de las operadoras, mientras termina la negociación.
"Cada día que pasa sin que el Estado le dé celeridad al proceso de negociación para la renovación de las concesiones móviles, el país y los ecuatorianos perdemos", dice Falconi.
Conecel registró ingresos por USD 1.041 millones en 2022, ubicándose en el octavo lugar de las empresas más grandes del país por el nivel de ingresos, según la Superintendencia de Compañías.
Por su parte, Otecel ocupó el puesto 27 del ranking, con ingresos por USD 515 millones.
En las notas a sus estados financieros de 2022, Conecel informa que esperaba cerrar un acuerdo con el Gobierno para la renovación de su contrato durante el tercer trimestre de 2023.
"Las empresas necesitan seguridad jurídica, esto no es una buena señal para la inversión extranjera", recalca Falconi.
El lío del espectro
La principal razón para suspender la renegociación con las operadoras móviles es que aún no ha culminado la valoración del espectro radioeléctrico, según consta en la resolución Arcotel-2023-0097.
El espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad del Estado, a través del que se transmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas, que permiten la provisión de servicios de telecomunicaciones.
Si bien las tarifas por el uso y la explotación del espectro son fijadas por la Arcotel, el proceso debe contar con el criterio de la Unión Internacional de Telecomunicacioens (UIT), de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de Telecomunicaciones.
De hecho, en enero de 2021, el Gobierno de Lenín Moreno anunció que contaba con un informe técnico de la UIT sobre la valoración de las bandas de 2,5 GHz (gigahercios) y de 700 MHz (megahercios), con lo cual se abría el camino para la renegociación.
Sin embargo, según lo comunicó en ese entonces el Ministerio de Telecomunicaciones, también se había solicitado a la UIT una valoración de otras bandas, como la de 3,5 GHz, necesaria para el desarrollo de la tecnología 5G.
Cuánto costará
Otro de los asuntos clave en la negociación es el precio que pagarán las operadoras por el uso del espectro.
En 2008, la renovación de licencias a Conecel se concretó por un pago de USD 480 millones. Mientras que Otecel pagó USD 220 millones al Estado por la concesión.
Y, en 2015 hubo una nueva renegociación de los contratos con las dos operadoras móviles para ampliar el uso del espectro con el fin de desarrollar la red 4G.
Por esos beneficios, las operadoras privadas pagaron al Estado otros USD 330 millones.
De acuerdo con un informe de Global System for Mobile Communications (GSMA), que reúne a 750 operadores de telefonía móvil del mundo, "a mediados de 2019, el Ministerio de Telecomunicaciones firmó una nueva política para la asignación del espectro radioeléctrico".
Según el reporte, la "intención era licenciar dos rangos para comunicaciones móviles a finales de 2019 (700 MHz y 2,5 GHz), licitar el rango 3,5 GHz y lanzar pruebas de la red 5G en 2020".
El objetivo del gobierno de Lenín Moreno era dar acceso a cobertura 4G al 80% de la población ecuatoriana para 2020.
Retrasos para renovar contratos
Tras recibir el estudio de la UIT, el 25 de agosto de 2021, la Arcotel anunció el inicio de la negociación con Otecel y Conecel.
El proceso abarca varias fases y tenía que durar dos años. Una de las etapas preveía una serie de reuniones con las operadoras, el Estado y veedores independientes, que debían durar 120 días.
Uno de los veedores independientes es el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal), al cual también se le notificó de la suspensión de los diálogos.
Desde el 9 de junio de 2023, PRIMICIAS ha solicitado una entrevista con la ministra de Telecomunicaciones y presidenta del Directorio de Arcotel, Vianna Maino, pero al cierre de esta edición no había respondido.
Nota actualizada: Esta nota fue publicada el 29 de junio de 2023, a las 16:08, y actualizada el 4 de julio de 2023, a las 17:26, con una corrección sobre los ingresos de Telefónica Movistar, que refleja la Superintendencia de Compañías.
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