El viernes 29 de noviembre comienza el primer debate del proyecto de Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, que tiene el carácter de económico urgente, lo que significa que la Asamblea tiene hasta el 20 de diciembre para votar.
Hay 13 artículos de los 50 del proyecto de reforma tributaria sobre los que no existen acuerdos en la Comisión de Régimen Económico, que analiza la propuesta enviada por el Ejecutivo el 21 de noviembre. El plazo para que la Asamblea vote la reforma vence el 20 de diciembre.
Es la segunda vez que la Comisión emite un informe para el Pleno de la Asamblea sin haber completado el análisis de la reforma tributaria. La primera ocurrió con la propuesta de Ley de Crecimiento Económico, que contenía una reforma tributaria entre sus enmiendas, y que fue archivada por la Asamblea el 17 de noviembre.
Con la nueva propuesta de reforma tributaria, presentada por el Ministerio de Finanzas a la Asamblea el 21 de noviembre, el gobierno espera recaudar unos USD 619,5 millones en 2020.
La Comisión de Régimen Económico aprobó, el miércoles 27 de noviembre, con 11 votos a favor de 13 posibles, el informe para primer debate del proyecto de ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, como ha bautizado el gobierno a la reforma. Los dos votos faltantes corresponden a los legisladores correístas Lira Villalba y Esteban Melo.
Según el presidente de la mesa legislativa, Daniel Mendoza, los miembros de la comisión lograron ponerse de acuerdo acerca del 78% del contenido del nuevo proyecto, que tiene 50 artículos y 16 disposiciones.
Los acuerdos
La comisión acordó la eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta, el cobro de 12% de IVA a los bienes y servicios adquiridos a través de plataformas digitales, con tarjetas de crédito.
Los asambleístas también se pusieron de acuerdo para ampliar el plazo para que quienes tengan créditos educativos con el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE) puedan presentar sus solicitudes de refinanciamiento para la remisión de intereses de mora, multas y recargos de sus créditos educativos.
El plazo original para estos trámites era de 30 días a partir de la emisión de la Ley, pero la Comisión lo amplió a 60.
La mesa legislativa también incluyó la exención del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para la compra de camiones de hasta 3,5 toneladas de capacidad.
Además, incorporó dos disposiciones generales en el proyecto de ley:
- El Impuesto a la Renta Único (IRU) para las actividades del sector bananero podría ser reducido hasta en un 50%, mediante Decreto Ejecutivo, después del análisis técnico de la autoridad agraria nacional, en los casos que se presenten emergencias en el sector agropecuario.
- Los deudores principales de los créditos educativos, el cónyuge o conviviente y los garantes que prestaron servicios en el sector público no podrán ser destituidos ni sus contratos podrán ser terminados a consecuencia de las obligaciones crediticias vencidas.
Propuestas sin acuerdos
La Comisión no llegó a acuerdos en torno a 13 propuestas (artículos) del Ejecutivo. Entre ellos se destacan:
- La remisión de pago de intereses y costas judiciales en operaciones de crédito de hasta USD 100.000 para los sectores agrícola, pecuario y pesquero, otorgadas por la CFN y Banecuador.
- No cobrar IVA a las tiras reactivas para la medición de glucosa, los marcapasos, las bombas de insulina, el papel periódico, los periódicos y las revistas, así como a la venta de flores, follaje y ramas cortadas.
- Eximir de ICE al alcohol, a los productos destinados a la exportación; a los vehículos destinados a las personas con discapacidad, a los vehículos eléctricos, a los productos lácteos y sus derivados, a los focos incandescentes y a las fundas plásticas de uso industrial.
- La Comisión tampoco llegó a un consenso sobre la exoneración de impuestos a las remesas enviadas al exterior por concepto de amortización de capital e intereses generados sobre los créditos otorgados por instituciones financieras internacionales.
- Tampoco hubo acuerdos con respecto a las reformas de la ley de Telecomunicaciones y a los Códigos de Planificación y Finanzas Públicas, y el Monetario y Financiero.
Otro de los aspectos en los que aun existen desacuerdos es el cobro de un impuesto especial a lo largo de tres años a las empresas que registraron ingresos superiores a USD 1 millón anual en 2018.
Esta es una de las medidas que más dinero producirá para el Estado, con una previsión de recaudo de USD 177,4 millones en 2020.
La propuesta original del Ejecutivo
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