Esta es la tercera entrega de una serie de reportajes presentada por PRIMICIAS, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas (ICFJ), en Alianza con Connectas.
En las anteriores entregas de esta serie, expusimos los problemas de violencia e ilegalidad en los que se enmarca la minería ilegal en tres cantones de la provincias del Austro ecuatoriano y los mecanismos que usan algunas empresa mineras para lavar el dinero sucio proveniente de esta actividad.
En esta última entrega, exponemos la ilegalidad y la impunidad que rodea a este tipo de ilícito.
Las plantas de beneficio que procesan el oro del sur de Ecuador cobran por su servicio un valor fijo. En algunos casos se puede llegar a acuerdos para que el pago sea un porcentaje del oro obtenido.
Durante la negociación el origen lícito o ilícito del material no entra en discusión.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) dice que las plantas de beneficio deben emitir facturas electrónicas para conocer quiénes son sus clientes y determinar si sus actividades son legales.
La agencia ha liderado operativos que dejaron 182 detenidos por minería ilegal en todo el país, pero los procesos de investigación aún no arrojan sentencias definitivas.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero Económico (UAFE) -encargada de investigar posibles casos de lavado de activos- en Ecuador se han detectado 11 empresas y 18 personas naturales vinculadas a presuntas empresas fantasma bajo la figura de actividades mineras.
Una de las empresas que forma parte de esta lista es la Sociedad Minera Orchu, procesada por presunto lavado de activos y minería ilegal, cuyo representante legal quedó libre de toda culpa luego de que sus abogados, la firma Vidal, Barrera y Coello, alegara nulidad procesal.
Durante el proceso judicial 01501-2018-000061, la Fiscalía sostuvo que las compras a Orchu, “no tienen esencia económica, que las declaraciones de estos proveedores tienen inconsistencias, no tienen Derecho Minero, justo título o no han demostrado el origen lícito del mineral que vendieron y (además) no tuvieron licencia de comercialización”.
De acuerdo con los abogados, el juicio, que tenía una cuantía de USD 6 millones, fue ganado por su defendido debido a que el acta de determinación tributaria (documento que era la principal prueba contra el acusado) emitida por el entonces director zonal del SRI, Armando Lana, no tenía firmas de respaldo.
El juicio, celebrado en la provincia del Azuay donde se encuentra el cantón minero Camilo Ponce Enríquez, fue desechado por improcedente, algo que la firma de abogados destaca como “un gran triunfo”.
También en la provincia del Azuay, el SRI incluyó dentro de su lista de empresas fantasma a las mineras The Best Gold, Las Vegas, Metalsur, La Envidia y Comgold, sin que sus socios hayan sido, hasta el momento, procesados por fraude fiscal, lavado de activos o minería ilegal.
Tampoco hay procesos judiciales en firme contra personas naturales señaladas en los informes del SRI.
Prioridad de la Fiscalía, pero sin resultados
Fotografía de la fachada del edificio de la Fiscalía Provincial del Azuay, en el Centro Histórico de Cuenca. John Machado
El fiscal provincial, Leonardo Amoroso, dice que los procesos de investigación son largos por la cantidad de documentación y pruebas recopiladas, pero están entre las prioridades de la institución.
En El Oro, provincia vecina de Azuay, el SRI incluyó a la compañía Minegreville en la lista de empresas fantasma, pero los procesos fueron declarados nulos.
El SRI también alertó sobre los movimientos tributarios sospechosos del comerciante de oro José O. contra quien se abrió una investigación judicial el 23 de octubre de 2019. Ese caso fue archivado por falta de elementos de convicción.
El único proceso llevado a las cortes en esta provincia por enriquecimiento ilícito vinculado a la minería ilegal fue el seguido a Carlos C. en noviembre de 2013, pero fue declarado inocente.
Según la Fiscalía, Carlos C. siguió negociando con oro tras recibir la libertad hasta el 24 de diciembre de 2019, cuando fue sentenciado a 18 meses de prisión por el delito de abuso de confianza. Días después recibió medidas cautelares a la prisión tras comprometerse a pagar una reparación económica.
En Quito y Guayaquil se registran alertas del SRI contra las mineras CME, San Thomas S.A. y CCGMinning South América. Ninguna tiene un proceso judicial abierto.
En Zamora Chinchipe se registra una alerta contra Segundo C. a quien la Fiscalía procesó por defraudación tributaria, pero lo absolvió luego de la firma de un acuerdo de pago de deudas con el SRI.
Dos firmas en la mira
Un minero ilegal camina dentro de una mina artesanal en Portovelo, en la provincia de El Oro. Quinde Films
El caso de mayor cuantía procesado hasta el momento por la Fiscalía es el que se sigue a los directivos de las empresas Spartan y Clearprocess, que se encuentra en etapa de casación, última instancia judicial en Ecuador.
El abogado Luis Parrales, defensor de la parte acusada, dijo que su cliente compraba oro mediante colectores, que nunca tuvo contacto directo con mineros irregulares y que sus compras fueron lícitas y efectuadas entre septiembre de 2013 y mayo de 2014 cuando la minería ilegal no estaba tipificada como delito.
En la última audiencia de juicio, el fiscal a cargo se declaró enfermo y, tras los alegatos de ambas partes, el juez falló en favor de los acusados, que fue apelada por la misma Fiscalía, cuya cabeza, la fiscal Diana Salazar, aseguró seguir el caso de cerca.
El Gobierno de Ecuador estipula que la minería ilegal mueve ilícitamente unas 5.000 toneladas de material por año, lo que representa un perjuicio para el estado de entre USD 50 y USD 60 millones.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que en 2019 se decomisaron unas 800 toneladas de material que será entregado a la Empresa Nacional Minera (Enami) y pidió a jueces y fiscales mano fuerte contra esta actividad.
Autor:
John Machado
Este reportaje fue realizado por John Machado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
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